
Tribuna publicada en el libro CIUDADES EN MOVIMIENTO.
En una de sus incendiarias soflamas, Ronald Reagan afirmaba que las ocho palabras más terroríficas en lengua inglesa eran: soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. El imaginario movilizado durante la revolución neoliberal desde los años ochenta apelaba a que las instituciones burocratizadas y el endeudado Estado del Bienestar debían dar un paso atrás, retirarse como reguladores de la vida social y dejar de intervenir en la economía. El libre mercado aparecía como el mejor garante del interés general, la modernización institucional, el crecimiento económico y la realización individual.
Las instituciones públicas para ser eficientes debían parecerse al mercado, lo que justificaba tanto las privatizaciones en sanidad, educación, transporte o agua; como la desregulación de normas y leyes que según el neoliberalismo inhibían la actividad económica. El Estado fue políticamente activo en diseñar su pérdida de influencia socioeconómica, delegando la iniciativa y la responsabilidad de satisfacer muchas necesidades sociales en el sector privado. Un proceso de complicidad y colaboración simbolizado por los Partenariados Público Privados, en los cuales las instituciones públicas y corporaciones diseñan conjuntamente ambiciosos proyectos en los que las instituciones corren con los principales riesgos, al asumir las inversiones más costosas; se externalizan los posibles efectos negativos, como la subida de tarifas a consumidores finales, la precarización del empleo, la falta de transparencia y la mayor facilidad para la corrupción; y finalmente se privatizan los beneficios. Unas dinámicas globales que llevaron de forma generalizada a los gobiernos locales a transitar de la gestión tradicional a formas de empresarialismo urbano (Harvey, 1989), en las que el foco se pone en construir una marca, competir por inversiones internacionales, atraer megaeventos, disponer de arquitecturas de élite…
Madrid: de la desconfianza mutua a la cooperación por el bien común.
El empresarialismo urbano afectó al conjunto de ciudades de nuestra geografía, pero en Madrid se desarrolló con especial intensidad la influencia de las corporaciones en el diseño de políticas estratégicas orientada a convertir a la capital en una ciudad global (Rodríguez, 2007). Una tendencia con la que no se ha terminado de romper1, y que dio lugar a una gobernanza urbana en la que la erosión institucional fue de tal magnitud que se llegaron a plantear cuestiones como la existencia de “Barrios Premium”, donde, a cambio de pagar más impuestos, los comerciantes obtuviesen mejores servicios públicos (jardinería, seguridad, limpieza); así como la idea de paliar los recortes en servicios públicos mediante el voluntariado, siguiendo la estela de la Big Society2 británica.
La participación de los tejidos sociocomunitarios en el diseño, seguimiento y cogestión de las políticas públicas era residual; salvo excepciones como los Planes de Barrio, fruto de la presión del movimiento vecinal, o iniciativas que de forma singular y tras intensas movilizaciones lograban regularizar la gestión ciudadana de equipamientos (culturales, deportivos…) o de zonas verdes mediante los huertos comunitarios. Una dinámica que profundizaba un proceso de desconfianza recíproca, por el cual las instituciones eran celosas de redistribuir poder hacia la ciudadanía, y ésta percibía los ocasionales acercamientos institucionales como interesados procesos de asimilación o cooptación, lo que en la práctica reafirmaba la imposibilidad de que el gobierno local pudiera venir a ayudar.
La Ordenanza de Cooperación Publico Social, que ha echado a andar en 2018 durante el gobierno de Ahora Madrid, supone la traducción a las políticas públicas de un relato alternativo, que reconoce y valora la existencia de una esfera pública no estatal en la que los tejidos sociocomunitarios detectan problemáticas, satisfacen necesidades e innovan formulando soluciones. La propia ordenanza reconoce que el “binomio público-privado es insuficiente para describir la realidad y para dar respuesta a todas las necesidades y problemas de la ciudadanía, que en no pocas ocasiones se articula en diferentes formas de agregación colectiva para desarrollar sus propias respuestas a problemas sociales desde la solidaridad o la cooperación o para crear proyectos que aportan valor a la vida en común, fuera tanto de la esfera y las lógicas de la administración pública, como del mercado y del afán de lucro”. Sigue leyendo →