¿Y si desde el gobierno local vienen a ayudar? La ordenanza de cooperación Público Social en Madrid y la redefinición de las relaciones entre instituciones y tejidos sociocomunitarios.

banner_tpo

Tribuna publicada en el libro CIUDADES EN MOVIMIENTO.

En una de sus incendiarias soflamas, Ronald Reagan afirmaba que las ocho palabras más terroríficas en lengua inglesa eran: soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. El imaginario movilizado durante la revolución neoliberal desde los años ochenta apelaba a que las instituciones burocratizadas y el endeudado Estado del Bienestar debían dar un paso atrás, retirarse como reguladores de la vida social y dejar de intervenir en la economía. El libre mercado aparecía como el mejor garante del interés general, la modernización institucional, el crecimiento económico y la realización individual.

Las instituciones públicas para ser eficientes debían parecerse al mercado, lo que justificaba tanto las privatizaciones en sanidad, educación, transporte o agua; como la desregulación de normas y leyes que según el neoliberalismo inhibían la actividad económica. El Estado fue políticamente activo en diseñar su pérdida de influencia socioeconómica, delegando la iniciativa y la responsabilidad de satisfacer muchas necesidades sociales en el sector privado. Un proceso de complicidad y colaboración simbolizado por los Partenariados Público Privados, en los cuales las instituciones públicas y corporaciones diseñan conjuntamente ambiciosos proyectos en los que las instituciones corren con los principales riesgos, al asumir las inversiones más costosas; se externalizan los posibles efectos negativos, como la subida de tarifas a consumidores finales, la precarización del empleo, la falta de transparencia y la mayor facilidad para la corrupción; y finalmente se privatizan los beneficios. Unas dinámicas globales que llevaron de forma generalizada a los gobiernos locales a transitar de la gestión tradicional a formas de empresarialismo urbano (Harvey, 1989), en las que el foco se pone en construir una marca, competir por inversiones internacionales, atraer megaeventos, disponer de arquitecturas de élite…

Madrid: de la desconfianza mutua a la cooperación por el bien común.

El empresarialismo urbano afectó al conjunto de ciudades de nuestra geografía, pero en Madrid se desarrolló con especial intensidad la influencia de las corporaciones en el diseño de políticas estratégicas orientada a convertir a la capital en una ciudad global (Rodríguez, 2007). Una tendencia con la que no se ha terminado de romper1, y que dio lugar a una gobernanza urbana en la que la erosión institucional fue de tal magnitud que se llegaron a plantear cuestiones como la existencia de “Barrios Premium”, donde, a cambio de pagar más impuestos, los comerciantes obtuviesen mejores servicios públicos (jardinería, seguridad, limpieza); así como la idea de paliar los recortes en servicios públicos mediante el voluntariado, siguiendo la estela de la Big Society2 británica.

La participación de los tejidos sociocomunitarios en el diseño, seguimiento y cogestión de las políticas públicas era residual; salvo excepciones como los Planes de Barrio, fruto de la presión del movimiento vecinal, o iniciativas que de forma singular y tras intensas movilizaciones lograban regularizar la gestión ciudadana de equipamientos (culturales, deportivos…) o de zonas verdes mediante los huertos comunitarios. Una dinámica que profundizaba un proceso de desconfianza recíproca, por el cual las instituciones eran celosas de redistribuir poder hacia la ciudadanía, y ésta percibía los ocasionales acercamientos institucionales como interesados procesos de asimilación o cooptación, lo que en la práctica reafirmaba la imposibilidad de que el gobierno local pudiera venir a ayudar.

La Ordenanza de Cooperación Publico Social, que ha echado a andar en 2018 durante el gobierno de Ahora Madrid, supone la traducción a las políticas públicas de un relato alternativo, que reconoce y valora la existencia de una esfera pública no estatal en la que los tejidos sociocomunitarios detectan problemáticas, satisfacen necesidades e innovan formulando soluciones. La propia ordenanza reconoce que el “binomio público-privado es insuficiente para describir la realidad y para dar respuesta a todas las necesidades y problemas de la ciudadanía, que en no pocas ocasiones se articula en diferentes formas de agregación colectiva para desarrollar sus propias respuestas a problemas sociales desde la solidaridad o la cooperación o para crear proyectos que aportan valor a la vida en común, fuera tanto de la esfera y las lógicas de la administración pública, como del mercado y del afán de lucro”.

Más allá del mercado y de las prácticas burocráticas, se avanza en el diseño de un modelo de gestión de lo público en el que sociedad e instituciones dialoguen de forma constructiva; de cara a fortalecer el protagonismo ciudadano, avanzar en la coproducción de políticas públicas y maximizar las potencialidades de los tejidos sociocomunitarios para intervenir sobre la realidad desde la lógica del bien común y del servicio público. Frente a un mercado arrollador que cuestiona la sostenibilidad de las interdependencias no mercantiles, la reinvención del Estado exige la construcción de un espacio de encuentro y fricción, de complicidad y conflictividad creativa, entre lo público y lo comunitario. Si en el pasado se buscó democratizar el monopolio regulador del Estado, ahora se debe, ante todo, democratizar la desaparición de ese monopolio (Sousa Santos, 2005).

Ya no se trata de un Estado omnipotente y autosuficiente, pero tampoco de aproximaciones utilitaristas para que la sociedad civil sostenga temporal y asistencialmente las carencias estructurales de un modelo socioeconómico que no deja de producir desigualdad e insostenibilidad de forma creciente. De hecho el modelo de cooperación público-social veta su uso para la prestación de servicios públicos y por tanto no puede invocarse para justificar procesos de privatización. La ausencia de ánimo de lucro y los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad que históricamente han vehiculado la defensa de lo común, son los que dan sentido a la gestión comunitaria. No hay ambigüedades, se trata de más democracia y no de más mercado.

La principal novedad jurídica, alineada con los procesos más innovadores de ciudades como Bolonia, Napoles, Nueva York o Amsterdam, sería la introducción en la normativa municipal de unos criterios de gestión de los bienes públicos, que hace que se pueda hablar de “bienes comunes” cuando los mismos se utilizan conforme a lo previsto en esta Ordenanza. El reconocimiento de los comunes urbanos, que también se encuentra en proceso de reconocimiento en Barcelona mediante la iniciativa Patrimonio Ciudadano, supone generar una noción expandida de lo público, más basada en la apropiación ciudadana efectiva y en el reconocimiento de nuevas modalidades de gestión que en un nuevo estatuto de propiedad.

La ordenanza reconoce tres ideas fuerza para esta estrategia de colaboración: la interoperabilidad, como intercambio, puesta en marcha de iniciativas comunes y posibilidad de compartir conocimiento e información; la innovación social, como nuevas ideas que surgen de la ciudadanía para satisfacer necesidades nuevas no cubiertas; y, por último, la coproducción de servicios, como involucramiento directo de la ciudadanía en la planificación, diseño y evaluación de servicios. Un paraguas bajo el cual se encuadran iniciativas preexistentes como los Planes de Barrio conveniados con el movimiento vecinal, diversos comunes urbanos anteriores y recientes pero con vocación de ser potenciados y que den saltos de escala (huertos urbanos, centros sociales, despensas comunitarias, gestión vecinal de equipamientos culturales y deportivos, grupos de consumo, espacios de crianza compartida…), así como iniciativas nuevas como los Equipos de Actuación Distrital, que incorporan en 13 distritos la experiencia de entidades sin ánimo de lucro, tanto en el territorio como en la atención a colectivos especialmente vulnerables, para implicarlos activamente en el cuidado de entornos degradados.

El mayor logro de la ordenanza es haber generado un marco estable y transparente para la cooperación; que tiene la virtud de reconocer las prácticas preexistentes, generar algunas nuevas y abrir la puerta a la creatividad y el despliegue de nuevas fórmulas de colaboración entre ciudadanía e instituciones. Un repertorio de fórmulas por desarrollar y concretar, pero que suponen una nueva narrativa donde se asume la importancia de tejer procesos de colaboración público-comunitarios, que indudablemente sean intensivos en protagonismo ciudadano. Parafraseando un dicho zapatista, esta ordenanza podría ser la llave para una puerta que todavía no existe

En el contexto de las transiciones ecosociales ninguna institución pública va a poder enfrentarse en solitario a los retos de implementar una nueva agenda urbana que atienda de forma participativa a las necesidades de las personas y los barrios vulnerables, que reoriente los modelos económicos hacia la justicia social y la transición ecológica. La profunda reorganización del funcionamiento de nuestras sociedades y de sus metabolismos socioeconómicos solo será viable en la medida en que se desarrollen estrategias colectivas, donde se enfatice la cooperación y la participación ciudadana. Más que al mercado las instituciones deberían parecerse a lo mejor de su ciudadanía y de sus tejidos sociocomunitarios.

Comunes urbanos, economías comunitarias y el despliegue de las economías alternativas

Esta ordenanza de forma implícita también contiene una fuerte dimensión socioeconómica, al incentivar desde los comunes urbanos unas economías comunitarias que satisfacen necesidades con un fuerte componente desmonetarizado y altas dosis de participación (huertos urbanos, grupos de consumo, bancos de tiempo, comedores populares, despensas…). Unas potencialidades que quizás se reducen a la hora de abordar la colaboración con iniciativas empresariales de la Economía Social y Solidaria (ESS)3.

Democratizar la gestión de la ciudad implica inexcusablemente democratizar la economía sobre la que se sostiene, ya que si no es ilusorio pensar el tránsito de una ciudad hacia la sostenibilidad y la justicia social. Los comunes urbanos y la cooperación publico-social están muy en sintonía con el creciente compromiso que desde distintas ciudades se ha adquirido con la ESS mediante herramientas como los planes estratégicos o de impulso (Madrid, Barcelona, Sevilla), las estrategias alimentarias (Madrid, Barcelona, Valencia), los planes de consumo sostenible (Madrid, Barcelona, Zaragoza), las monedas locales (Barcelona, Sevilla) o la compra pública que se ha impulsado en casi todas las ciudaes analizadas. Iniciativas cuyo desarrollo implica avanzar lentamente hacia la reformulación de las relaciones entre mercado, sociedad y Estado. Un reacomodo en el que se debe balancear hacia la sociedad civil organizada y el tejido de la ESS el poder y la capacidad de incidencia que han estado concentrando durante décadas las grandes empresas y corporaciones.

Y es que en definitiva, una de las formas de valorar el alcance transformador del municipalismo es precisamente su compromiso en la consolidación de ecosistemas de autoorganización social; legitimando y reconociendo sus iniciativas, generando contextos normativos favorables, aumentando los recursos disponibles, facilitando procesos formativos… y desplazando un sistema económico heredado hacia la ESS, en la medida de lo posible.

El desarrollo de estas prácticas comunitarias y de la ESS aumentan la resiliencia de nuestras ciudades y sirven para reducir la desconfianza entre tejidos sociocomunitarios e instituciones, aumentando la potencialidad de las acciones emprendidas. Aunque conviene recordar que las transiciones ecosociales no van a poder afrontarse desde ninguna institución pública en solitario y tampoco parece realista que los movimientos y tejidos comunitarios puedan de forma autosuficiente construir los niveles de resiliencia social necesarios. El reto va a exigir ineludiblemente de una complicidad y una conflictividad creativa entre instituciones y sociedad civil.

La pluralidad de experiencias que habitan estos ecosistemas no conforman un sistema totalmente coherente, ni forman parte de un proyecto homogéneo de transformación. Y, sin embargo, percibimos claramente que existen resonancias entre ellas, que de forma no intencional comparten una serie de patrones que podríamos sintetizar en:

  • Promover estilos de vida más sencilla que reduzcan los consumos de recursos y energía, que intensifique las relaciones sociales y los bienes convivenciales.

  • Producir para satisfacer necesidades básicas de la sociedad de forma reproducible,

  • Trabajar más allá de las relaciones capitalistas y patriarcales mediante el desarrollo de dinámicas éticas y cooperativas.

  • Redescubrir la importancia de la diversidad, lo local, lo descentralizado y lo colectivo; de forma que aumenten los umbrales de autonomía y autosuficiencia.

  • Democratización interna del funcionamiento de las entidades y organizaciones, para perseguir una democratización externa, del contexto en el que se interviene desde una vocación universalista.

  • Reproducción de bienes ambientales y defensa del territorio.

  • Reproducción de bienes cooperativos y democratización de las prácticas económicas (Calle y Fernández Casadevante, 2015).

Solemos decir aquello de “si no lo veo no lo creo”, cuando en realidad para percibir las potencialidades de estas experiencias alternativas nos vemos obligados a creer en ellas, darles credibilidad, por lo que deberíamos decir “si no creo no las veo”. Más allá de explicitar sus insuficiencias, carencias y sesgos, las economías solidarias, las iniciativas comunitarias y cooperativas, los proyectos agroecológicos… deberíamos mostrar su capacidad de innovación, de resolver necesidades bajo otras lógicas, de activar relatos movilizadores o de producir nuevos conocimientos basados en la práctica. Un municipalismo transformador debe poner en valor este experimentalismo, como propone la ordenanza de cooperación público-social, pues las transiciones ecosociales van a exigir un derroche de imaginación política y de respuestas ingeniosas ante graves problemas que no podemos anticipar.

Referencias

Calle Collado, Angel y Fdez. Casadevante, Jose Luis (2015) Economías sociales y economías para los Bienes Comunes. Revista Otra Economía, 9 (16). Brasil

Harvey, David (1989) From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography

Vol. 71, No. 1, The Roots of Geographical Change: 1973 to the Present.

Rodríguez, Emmanuel y López, Isidro (2007) Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano. Ed. Traficantes de sueños.

Sousa Santos, Boaventura (2005) El milenio huérfano: ensayos para una nueva cultura política. Ed Trotta.

1 Algunas de las grandes operaciones urbanísticas heredadas o los movimientos para atraer a la ciudad la sede de grandes corporaciones debido al Brexit reflejan algunos de estas concepciones.

2 Big Society fue un programa liderado por David Cameron en Reino Unido a finales del 2009, iniciativa donde bajo la retórica de dar mayor protagonismo y capacidad de decisión a iniciativas de voluntariado, comunidades locales o emprendedores sociales se justificaban los recortes en gastos sociales y servicios públicos.

3 La ESS trabaja desde la construcción de alternativas económicas a un modelo depredador social y ambientalmente. Compuesto por entidades y cooperativas que funcionan dentro de la economía convencional, pero desconectadas de sus lógicas, valores y prácticas. Proyectos viables empresarialmente que invierten las prioridades de la economía convencional: satisfacción de necesidades frente a ánimo de lucro, territorialización y vinculación con el entorno frente a la amenaza de deslocalización, cooperación frente a competencia, rentabilidad social frente a tasa de ganancia, apuesta por el empleo y por los grupos sociales más vulnerables frente a aquellas empresas intensivas únicamente en capital, atención a los cuidados dentro y fuera de los equipos de trabajo, compromisos ecológicos fuertes…

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s