Asaltar los suelos. De la ciudad neoliberal a los comunes urbanos.

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Capítulo del libro REBELDÍAS EN COMÚN, escrito junto a Ruben Martínez. El libro completo está disponible para descargar en PDF pinchando en la portada de la columna derecha.

«Los urbanistas están acostumbrados a pensar en el urbanismo en términos de regla y compás, como una materia que debe ser elaborada únicamente por los ingenieros y los arquitectos, y destinada a los ayuntamientos. Pero el verdadero plan es el resultado y la flor de toda la civilización, de una comunidad y de una época.» P. Geddes

Las experiencias de propiedad colectiva y de gestión comunitaria de ciertos bienes han sido una constante a lo largo de la historia. Las prácticas de colectivización de recursos naturales o de medios de producción fabriles, el cooperativismo y la construcción de patrimonio popular, forman parte de nuestra existencia y de las trayectorias que han marcado el rumbo de nuestras ciudades. Una genealogía muchas veces desconocida o que ha sido invisibilizada en los relatos que describen las ciudades, como motores de desarrollo, pobladas por emprendedores individuales que buscan su destino en el mercado capitalista.

Bien es cierto que los gobiernos urbanos, durante las últimas décadas, han tendido a funcionar como empresas, buscando extraer rentas del conjunto de los recursos urbanos, optimizando la explotación del territorio bajo el único imperativo de la tasa de beneficio. Ese modelo de gestión de los recursos ha acabado por diluir las diferencias entre lo público y lo privado, extendiendo la lógica neoliberal a cada vez más áreas de la vida social. Pero ya sea como reacción o como recuperación de la cultura mutualista que persiste en las ciudades, también se ha producido un movimiento contrario de autoprotección social, basado en la cooperación, la ayuda mutua y en la fuerza comunitaria.

Estas experiencias de gestión han dado un nuevo protagonismo a las colectividades como alternativa al mercado hegemónico o a la planificación pública por parte del Estado capitalista. Instituciones comunitarias arraigadas a los contextos locales que buscan dar respuestas a demandas sociales y que se caracterizan por una gestión democrática y no mercantil de los recursos; nuevas formas de compartir tiempo, trabajo, bienes, conocimientos y espacios que dan suelo a una realidad urbana alternativa.

Esta batalla que hoy se libra en el territorio urbano no es nueva. La ciudad como espacio de conflicto respecto a sus modelos de gestión y sostenibilidad es algo que forma parte de su origen y de sus ciclos de transformación. Con la misma lógica que se cerraron con vallas las tierras comunales hace siglos, a través de los enclosures o cercamientos, también se han diseñado otros protocolos y dispositivos institucionales opacos para intentar cercar nuestros territorios, nuestras culturas y nuestras formas de vida. De la misma manera que frente a los procesos de mercantilización del trabajo se organizaron instituciones sindicales, frente a los procesos de explotación del territorio, se han producido prácticas de reapropiación del espacio público y de cuestionamiento del modelo urbano capitalista. Las preguntas sobre si estas prácticas son suficientes, sobre si realmente apuntan a un cambio efectivo o si pueden perseverar en el tiempo, son inevitables y necesarias.

Lo que queremos no es sumergirnos en una imagen nostálgica de un urbanismo idílico que nunca existió, sino señalar reflexiones y prácticas concretas que provienen de procesos colectivistas históricos. El objetivo de este texto sería identificar el hilo invisible de las formas alternativas de hacer ciudad, que conecta desde las urbes medievales hasta las metrópolis actuales, mostrando cómo las distintas generaciones heredan y reinventan prácticas comunitarias y cooperativas, en una suerte de inacabada carrera de relevos.

Consideramos que la posibilidad de avanzar hacia una ciudad cooperativa no solo la marcan las culturas y prácticas colectivas que van emergiendo en cada ciclo de movilización, sino también los marcos institucionales que dotan de herramientas legales y administrativas a los procesos de colectivización. Para que lo común persevere en el tiempo, es necesario que estas prácticas consoliden nuevos derechos, nuevos y mejores marcos normativos, mecanismos efectivos para la redistribución del producto social.

Los derechos no son párrafos escritos en códigos legales sino un campo de lucha. Toda norma escrita (y no escrita) que constituye la vida social condensa el choque entre multitud de intereses sociales enfrentados. Intereses de clase, de género, coloniales; intereses codificados en relaciones de poder, privilegios y asimetrías que permanentemente se enfrentan a deseos de emancipación. De la misma manera, el conjunto de reglas que determinan o influyen a la hora de tener acceso, hacer uso, gestionar o extraer beneficio de todo recurso derivado de la producción social no son otra cosa que un terreno en disputa. Por eso, sin movimientos sociales, instituciones colectivas y marcos jurídicos que garanticen los bienes comunes, no hay ciudad común. Esa es la hipótesis de la que partimos y sobre ese “esqueleto” hemos construido la “carne” de este texto.

En los cimientos de la ciudad tradicional estaba la cooperación

La ciudad es una realidad que acompaña a la humanidad desde hace seis mil años. Un fenómeno complejo y dinámico, pues hablamos tanto de una realidad territorial y material, como de una entidad política y administrativa; o de un estatuto de derechos individuales y colectivos, tanto como de una representación simbólica. La ciudad es la expresión territorializada de las tensiones y conflictos, de las esperanzas y miedos, y especialmente de los cambios y transformaciones socioculturales.

Los entornos urbanos construidos siempre han conservado una centralidad espacial (plaza, catedrales, iglesia, ayuntamiento), donde los gobernantes y el poder escenificaban arquitectónicamente su voluntad de control y planificación del hecho urbano. Y aunque siempre ha existido cierta segregación espacial por barrios, no es exagerado afirmar que hasta la Revolución Industrial la ciudad había sido en gran medida una creación anónima y colectiva (Verdaguer, 2003) o fruto de una arquitectura sin arquitectos (Rudolfsky, 1964). Ciudades desarrolladas por una suerte de arquitecturas civiles o vernáculas que, adaptándose a los materiales existentes y a las condiciones del propio territorio, eran capaces de edificar viviendas con elevados niveles de confort ambiental, considerando elementos como los vientos o el régimen de lluvias.

La forma en la que las ciudades tradicionales se han desarrollado y evolucionado corresponde a un proceso de expansión lento y no planificado, que dio lugar a las tramas urbanas funcionales y estéticamente cautivadoras de la mayor parte de los cascos históricos conocidos. Todos los medios ambientes de calidad que conocemos se mantienen como un todo vivo porque han crecido despacio durante largos periodos de tiempo, trozo a trozo. El crecimiento a grandes dosis se basa en la idea de reemplazamiento. El crecimiento a pequeñas dosis se basa en la idea de reparación (Alexander et al, 1976).

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Ciudades dimensionadas a una escala humana, cuyos edificios y tramas se encontraban adaptadas al entorno y al clima, además de relativamente cercanas a la naturaleza de la que dependían para proveerse de recursos y alimentos. Estas economías urbanas combinaban el comercio local, predominante a la hora de satisfacer las necesidades de la población, y el complementario comercio a larga distancia. El funcionamiento de los mercados locales se encontraba estrictamente regulado de forma que garantizara su función social, protegiendo mínimamente la capacidad de consumo de los pobres. El mercado municipal podía encarnar esa economía arraigada en el territorio y sometida al control de instituciones sociales y políticas.

« […] La comercialización debía ser, en lo posible, directa, del agricultor al consumidor. Los agricultores habían de traer su cereal a granel al mercado local; no debían venderlo mientras estuviera en las mieses, y tampoco retenerlo con la esperanza de subir los precios. Los mercados tenían que estar controlados; no se podían hacer ventas antes de horas determinadas, que se anunciarían a toque de campana; los pobres deberían tener la oportunidad de comprar ellos primero grano, harina de flor o harina, en pequeños paquetes cuyo peso y medida estuviesen debidamente supervisados. A una hora determinada, cuando sus necesidades estuvieran cubiertas, había de sonar una segunda campana, y los comerciantes al por mayor podían hacer sus compras. Los traficantes estaban cercados de trabas y restricciones, inscritas en los mohosos pergaminos de las leyes contra el acaparamiento, regateo y monopolio» (Kropotkin, 1989:188).

Además de las instituciones urbanas que anclaban la economía a las comunidades locales, encontramos formas de organización social como las asociaciones de artesanos o las guildas, donde las estructuras de apoyo mutuo y solidaridad (ante la enfermedad, la necesidad de cuidado de familias, protección ante amenazas o inclemencias…) se mezclaban con economías compartidas que gestionaban recursos en común como ahorros, edificios o tierras. Formas de asociacionismo que, además de su actividad gremial, se encargaban de cuidar y mantener colectivamente infraestructuras esenciales para la vida en la ciudad como las murallas, los graneros y los pozos. Prácticas cooperativas que podemos agrupar bajo la noción de comunes urbanos, y que ayudan a comprender otro rasgo significativo de esta vida urbana, creado en la Grecia clásica y reinventado posteriormente por las ciudades medievales y renacentistas, la vocación de autogobierno. Una lucha constante por consolidar o profundizar una autonomía política que dejase los asuntos de la ciudad en manos de sus habitantes y representantes elegidos, más que un apéndice del Estado eran pequeños estados: disponían de Cartas que funcionaban como constituciones donde figuraban los derechos arrancados a los señores feudales, tenían capacidad de declarar la guerra y firmar la paz, desarrollar alianzas, la justicia….

Y una última reflexión sería la relación simbiótica que existía entre lo rural y lo urbano, pues el campo y la ciudad no eran realidades autónomas. A lo largo de la historia siempre han mantenido relaciones de dependencia mutua, de cooperación o conflicto, que hacen imposible su comprensión de forma aislada. Campo y ciudad formaban parte de un sistema territorial organizado de acuerdo con sus valores, sus capacidades técnicas y con los recursos a su alcance.

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No se trata de promover una mirada romántica ingenua o idealizada sobre las ciudades durante un periodo donde la escasez, la pobreza y las desigualdades reinaban, sino de reconocer que estas sociedades tradicionales funcionaban bajo otra lógica económica y territorial. Sociedades unidas por una suerte de economía moral (Thompson, 1995), basada en una ética de la subsistencia, que priorizaba la reproducción social de las comunidades y la persecución del bienestar colectivo frente al lucro personal.

La expansión de los mercados contra la ciudad

El auge del liberalismo económico y su ética del lucro individual, la Revolución Industrial, la progresiva implantación del Estado-nación, la creciente independencia de los mercados y la puesta en marcha de una arquitectura legal funcional a estos propósitos, lograron trastocar y deteriorar las antiguas formas de cooperación. Transformar estas dinámicas sociales profundamente arraigadas exigía que, de forma simultánea, se erosionasen tanto las economías y estilos de vida campesinos, como el funcionamiento de las ciudades tradicionales. Las dos caras de una misma moneda.

En el medio rural esta transformación fue simbolizada por el cercamiento de las tierras comunales1, que restringían el derecho al espigueo, la pesca, la caza, el pastoreo o la recolección de madera, dificultando severamente las condiciones de vida y afectando a las costumbres que vertebraban la organización social del campesinado. Sin embargo, el cercamiento de los comunes urbanos podríamos ligarlo con el derribo de los muros que contenían la ciudad, la metáfora que mejor ilustra el final de la ciudad tradicional, así como la rápida y desordenada expansión por el territorio de la ciudad industrial durante el siglo XIX.

La ciudad tradicional había logrado la paradoja de alcanzar su esplendor de la mano del comercio, a la vez que lograba que las instituciones sociales regularan y controlaran los mercados. Los dos significados de la palabra “contener” expresan quizá con mayor precisión esta doble función de las ciudades en lo referente a los mercados que albergaban y cuyo desarrollo impedían a la vez (Polanyi, 2011). El desarrollo del Estado-nación junto a la expansión de los mercados, que lograron liberarse de dichas constricciones, implicaron cambios socioculturales como: la desaparición de la noción de límite; la pérdida de autonomía en los abastecimientos locales; el aumento de la inestabilidad debido a la disolución de las estructuras urbanas de relación personal más tradicionales, como el vecindario o los gremios, que fueron sustituidos por el dinero y el lucro (Mumford, 1979).

Un proceso mediante el cual los intereses colectivos de la ciudad fueron subordinados a los de la industria, encargada de decidir sobre las transformaciones urbanas estratégicas: la ubicación de las fábricas y los problemas asociados (salubridad, toxicidad, contaminación de ríos…); la edificación y los alojamientos para la clase obrera marcados por el hacinamiento, la segregación espacial; el sistema de transportes y la morfología de las calles, el suministro de agua o la recogida de basura. Al ruido de las fábricas y del ferrocarril, a la polución y la suciedad, se sumaban unas condiciones laborales inhumanas. La degradación ambiental, el hacinamiento, la escasez de recursos y el hambre o la imposibilidad de acceder a una dieta variada terminaron por disparar las tasas de mortalidad en las ciudades. Unas tasas muy superiores a las del mundo rural y que afectaban de forma desigual a los grupos sociales. En Londres, en 1887, la esperanza de vida de la burguesía doblaba a la de las clases trabajadoras. Sin embargo, únicamente con la llegada constante de inmigrantes procedentes del mundo rural se podía renovar la población.

Socialismo utópico: relatos y experimentos para reinventar lo común

El malestar existente por la intensificación del individualismo, el predominio de la propiedad privada de los medios de producción, la explotación del industrialismo y la escasez, impulsaron un utopismo que, a grandes rasgos, proponía la inversión de estos valores y dinámicas sociales. Relatos que evidenciaban una nostalgia de las comunidades disueltas por la implantación de la sociedad moderna, reactualizaban la preocupación por el papel de lo colectivo y la cooperación, repensaban las relaciones campo-ciudad o el papel del trabajo y esbozaban el socialismo como una sociedad de la abundancia. El utopismo supuso un ejercicio de imaginación orientado a ensanchar los horizontes de posibilidad, una expansión cognitiva capaz de pensar más allá de lo establecido y de la vida cotidiana.

La premisa básica del utopismo era que bastaba transformar los espacios en los que se desarrollaba la vida para que cambiaran las relaciones sociales y desapareciera la explotación, por lo que se dedicó a diseñar y construir asentamientos experimentales donde esa nueva vida pudiera desarrollarse. Propuestas que van desde los falansterios, concebidos por Fourier como colectividades rurales autosuficientes, a la desurbanizada Londres imaginada por William Morris. A continuación nos centramos en dos figuras que son las que de forma más intensa vincularon el cooperativismo y la ciudad: Robert Owen y Ebenezerd Howard.

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Robert Owen, un empresario inglés con profundas convicciones sociales, cuyo pensamiento evoluciona hacia el socialismo a través de los experimentos prácticos en los que se implicó. Tuvo una experiencia en la dirección de las fábricas de New Lanark, donde aplicó dos sencillas ideas: una fuerza de trabajo satisfecha se traduce en una mano de obra eficiente y al mejorar el entorno se mejora al hombre. Redujo drásticamente el trabajo infantil y se preocupó por su educación, subió los salarios, disminuyó los horarios, iluminó e higienizó las fábricas y construyó zonas verdes manteniendo los beneficios de la empresa, de la que acabó siendo expulsado por sus socios capitalistas, acusado de efectuar gastos superfluos en vez de maximizar los beneficios.

Esta aventura le lleva a implicarse activamente en el movimiento obrero y propone la fórmula de las colonias cooperativas. En 1825, se implica personalmente fundando la comunidad de New Harmony en EEUU, bajo criterios igualitaristas (iguales derechos y deberes, comían, vestían y habitaban en condiciones similares) y cooperativos (las horas trabajadas servían para acceder a los bienes y servicios a través de una suerte de banco de tiempo). Esta supuso una experiencia en la que se realizaron interesantes innovaciones sociales que resultaron verdaderamente inspiradoras para el futuro diseño de las ciudades americanas, tales como la instalación de centros de renovación pedagógica, la primera escuela pública de carácter mixto, la primera biblioteca pública o un club de teatro popular (Touchard, 1990). La comunidad llegó a tener 800 habitantes entusiastas del proyecto, pero a los pocos años afloraron problemas de convivencia y viabilidad económica, el fracaso de la iniciativa supuso la ruina económica de Owen, que volvió a Inglaterra. Allí lideró sindicatos obreros y promovió experiencias cooperativas de producción y consumo, que en 1832 rondaban las 500 solo en Inglaterra, agrupando a más de 20.000 personas.

El trabajo de Owen se orientaba a fomentar las relaciones intercooperativas de cara a generar circuitos económicos autónomos que fortalecieran los tejidos cooperativos (Thompson, 2012). Owen fue uno de los impulsores de los Pioneros de Rochdale en 1844, una cooperativa de consumo considerada fundadora del cooperativismo moderno mediante la formulación de los siete principios: adhesión voluntaria, gestión democrática, participación económica, autonomía, formación permanente, intercooperación, compromiso con la comunidad.

Por otro lado, unas décadas después, en 1898, Ebenezer Howard escribió Ciudades jardín del mañana, un tratado llamado a revolucionar la historia del urbanismo, donde plantea la inviabilidad tanto de las inhabitables aglomeraciones de la ciudad industrial como de los empobrecidos espacios rurales. Howard insistió en la necesidad de superar la dicotomía entre campo y ciudad mediante el diseño de asentamientos humanos que incorporen las virtudes de ambos espacios. La ciudad jardín representa esa síntesis, rescatando lo positivo de las dinámicas urbanas como la activa vida social, la existencia de servicios públicos o las mayores oportunidades e innovaciones socioeconómicas; así como de las rurales, cercanía de espacios abiertos y de contacto con la naturaleza, la proximidad entre vivienda y trabajo, etc. Howard ilustró su teoría en el célebre diagrama de los tres imanes, donde el campo y la ciudad son imanes que atraen a la población con sus ventajas e inconvenientes, y ante los cuales se coloca el tercer imán, la ciudad jardín, como una síntesis de las mejores cualidades urbanas y rurales y que se sustenta sobre las palabras cooperación y libertad.

La ciudad jardín es una ciudad autónoma, pensada para unas 32.000 personas, cuya actividad económica combina la industria descentralizada y la actividad agrícola. Un asentamiento concebido como un organismo vivo que debe estar en equilibrio con su entorno. Los anillos agrícolas que circundan la ciudad suponen una frontera a la expansión urbana ilimitada, que tiene en la biocapacidad del territorio el otro gran factor limitante para su crecimiento. Una vez que la ciudad se acerca a su límite, se procede a poner en marcha una nueva ciudad conectada a las otras a través del ferrocarril, dando lugar a un diseño territorial policéntrico y adaptado a los recursos naturales del territorio. El conjunto final es una red de ciudades autónomas e interrelacionadas que Howard denominaba como la ciudad social.

Este planeamiento urbano ecológico se sustenta sobre la propiedad municipalizada de la tierra para prevenir la especulación sobre las rentas del suelo, especialmente de los anillos agrícolas. Las concepciones urbanísticas de Howard no eran reflexiones gratuitas o caprichos estéticos, sino que conformaban un programa orientado a la transformación política y económica de la sociedad. Más allá del planeamiento urbano, se trata de un proyecto social que se traduce en una elevada presencia de servicios públicos y equipamientos colectivos como colegios, centros médicos, reformatorios o centros de convalecencia; así como en una preocupación constante por insertar espacios de encuentro y por incluir a grupos vulnerables como las personas ciegas y sordas.

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Un proyecto de descentralización y de promoción de organismos autogestionados que mediante la cooperación social se autogobernarían localmente. Aunque en un primer momento debiera ser financiada por la iniciativa privada, el protagonismo debía recaer sobre un emergente y experimentado movimiento cooperativista, mutualista, pues Howard desconfiaba tanto del mercado como de las inercias burocráticas del Estado. La gente común era la encargada de habitar, democratizar y gestionar la economía de sus ciudades; poniendo en marcha un modelo que seduciría, inspiraría, contagiaría y terminaría por desmontar el capitalismo y las ciudades industriales (Fdez. Casadevante y Morán, 2015).

Inspirado por el experimentalismo utópico, Howard constituyó una influyente sociedad cívica internacional donde confluían intelectuales (Bernard Shaw, H. G. Wells…) y planificadores urbanos que divulgaron sus propuestas e intentaron llevarlas a la práctica. En 1903, Letchworth, a unos 55 kilómetros de Londres, sería el lugar elegido para construir la primera ciudad jardín. A su llamada acudieron librepensadores, artistas, sufragistas, socialistas, anarquistas, vegetarianos o naturalistas, que conformaban la contracultura de la época, y comunidades obreras en busca de estilos de vida alternativos.

Finalmente, su concepción de una ciudad autónoma económicamente no fue viable y terminó dependiendo de la metrópolis, en buena medida porque sus habitantes estaban más influenciados por el sindicalismo que por el cooperativismo y no lograron instalar suficiente industria. Sin embargo, Letchworth fue un municipio políticamente anómalo hasta tiempos recientes, pues el Estado no había sido capaz de revertir completamente la propiedad cooperativa y los mecanismos de gestión colectiva: hasta 1920 funcionaba mediante asamblea de residentes, en 1945 el alcalde logró tener competencias sobre urbanismo y no fue hasta 2013 que se abolieron las últimas figuras que dotaban de capacidad de gestión a distintas entidades asociativas.

Desde sus orígenes el movimiento obrero se empeñó en adaptar a un nuevo contexto las formas heredadas de solidaridad, reinventar las fórmulas de ayuda mutua en la ciudad industrial y ensayar nuevas formas de organización social. A través de sindicatos, cooperativas de trabajo y de consumo, mutualidades ante enfermedades o incidencias, se busca satisfacer necesidades, a la vez que se impulsan nuevos patrones culturales y rituales de solidaridad. El frustrado sueño de una ciudad cooperativizada deja paso a un profundo impacto sobre las formas de concebir lo urbano: nuevos modelos de vivienda y urbanización que enfatizaban la convivencia, el cuidado por la reproducción social, la gestión participada de equipamientos colectivos, o una sensibilidad protoecológica por el funcionamiento de los metabolismos urbanos al incorporar cuestiones como la gestión de la alimentación, el ciclo del agua o, entre otros, los residuos.

El urbanismo obrero y la construcción de ciudades cooperativas

Tras el trauma de la Primera Guerra Mundial y el descontento posbélico, el triunfo de la Revolución rusa en 1917 y las primeras victorias electorales de la socialdemocracia en algunas grandes ciudades europeas como Viena, Frankfurt o Berlín, se inaugura un breve periodo de reformas socialistas en las ciudades que supusieron una nueva reactualización de las formas de cooperación social. El agitado periodo de entreguerras coincide con el surgimiento del movimiento moderno en arquitectura, que arrancó durante los años veinte dialogando con las corrientes urbanísticas heredadas de la ciudad jardín y aportando una mirada con una elevada sensibilidad social y ambiental.

El urbanismo debía estar al servicio de la mejora de las condiciones de vida de las clases populares y generar hábitats con una elevada calidad de vida, para lo cual debían hibridar la respuesta a las necesidades sociales con la experimentación técnica en sistemas y materiales constructivos (arquitectura, tipologías, uso de elementos estandarizados en cocinas y baños, iluminación, ventilación cruzada, sistemas prefabricados…). Adolf Loos en Viena, Martin Wagner en Berlín, Ernst May en Frankfurt o Leberecht Migge, un paisajista que colabora con todos ellos, representan, mediante el desarrollo de las siedlungen o nuevos asentamientos, la posibilidad de repensar la ciudad de forma que mejorara la convivencia, intensificara las dinámicas cooperativas y posibilitara la reconciliación con el campo (todas las viviendas incorporaban un huerto y se planificaba persiguiendo el cierre de ciclos urbanos en cuestiones como el agua, la alimentación y los residuos).

La Viena Roja se forjará mediante una alianza entre los pobladores, que huyeron de los bombardeos a los huertos urbanos donde vivían y cultivaban, con las cooperativas de construcción ligadas a la socialdemocracia. Las políticas de reconstrucción de la ciudad contemplaron ambiciosos planes de vivienda coordinados por la Baugilde (Guilda de la Construcción), formada por el sindicato de inquilinos, el sindicato de pobladores, la asociación de huertos urbanos, y el Sindicato Central de Obreros de la Construcción. Esta nueva institución coordina la construcción y el mantenimiento de las 230 cooperativas de vivienda con 50.000 miembros, centraliza la compra de material de construcción, de mobiliario y de seguros y además proporciona apoyo técnico en cuestiones de edificación y agricultura a los inquilinos. En 1921 nace otra importante organización, la empresa de construcción sin ánimo de lucro GESIBA, de propiedad conjunta municipal y de las cooperativas, que se encargará de la construcción de los nuevos asentamientos y organizará exposiciones anuales (Blau, 1999).

Este modelo de vivienda que será trasladado a la Alemania de la República de Weimar, donde la construcción de los nuevos barrios es llevada a cabo por un innovador sistema de financiación que dependía de las mutualidades obreras, de subvenciones públicas y de cooperativas sociales de edificación vinculadas a los sindicatos socialistas. Estos pasaron a dirigir la política de vivienda pública desde la Sociedad Anónima de Protección de la Vivienda para Funcionarios, Empleados y Obreros (DEWOG, por sus siglas en inglés). La complicidad establecida entre las direcciones de obra y las cooperativas constructoras para dignificar la vivienda popular dieron como resultado que los primeros asentamientos fueran espacios de gran calidad, tanto por las viviendas como por las dotaciones, espacios libres y zonas de huertos. Esto llevaba a las élites económicas a cuestionarse si no eran demasiado lujosas y un derroche de recursos para alojar a simples obreros.

En tres años, Viena logró construir más de 60.000 viviendas populares. Frankfurt en 1933 había construido 24 emplazamientos de siedlungen con 15.000 viviendas. Berlín edificó también decenas de miles de viviendas siguiendo estos patrones. El diseño de los nuevos barrios aspiraba a que los asentamientos fuesen la base para el desarrollo de una auténtica cultura socialista, por lo que los espacios centrales incorporan servicios y equipamientos comunes, como campos de juego, espacios verdes y estanques, enfermerías, colegios, lavanderías, tiendas cooperativas, talleres, y centros comunitarios que incluían salas de teatro y reunión, salas de lectura o bibliotecas. Además de incrementar la autonomía de los núcleos de población, estos espacios permitían la participación de la ciudadanía en actividades colectivas, ayudando a crear un fuerte sentimiento de comunidad (Fdez. Casadevante y Morán, 2015).

Los barrios construidos cooperativamente eran pensados como el ecosistema perfecto para el desarrollo del asociacionismo socialdemócrata, un urbanismo como herramienta al servicio de un cambio en los estilos de vida. Otto Bauer, uno de los máximos exponentes del austromarxismo, transmitía constantemente la relevancia de esta retaguardia, capaz de construir nuevas formas de relacionarse, producir y convivir.

«Decenas de miles de personas cuyas vidas habían desarrollado previamente un espíritu forjado por la monotonía eterna, entre el trabajo mecánico en la fábrica y la existencia animal, dividiendo las escasas horas de ocio entre la familia y la taberna, ahora encuentran en las organizaciones del partido, del sindicato y las cooperativas; en los consejos obreros, en los consejos municipales y en las múltiples instituciones de autogobierno local; en los huertos y en el movimiento de pobladores; en las asociaciones de padres y en las sociedades de apoyo a la infancia: un nuevo alcance y un nuevo propósito en la vida» (Otto Bauer, citado en Blau, 1999).

Estos experimentos terminaron de forma abrupta con el ascenso del nazismo, que encontró bastiones de oposición en estos barrios rápidamente, por lo que disolvió los programas de vivienda pública y forzó al exilio en EEUU, Rusia o Turquía a los principales arquitectos que habían colaborado con ellos. Durante este breve periodo histórico muchas metrópolis europeas esbozaron lo que podría haber sido una modernidad urbana alternativa.

Los comunes vecinales y los barrios desfavorecidos en EEUU

Uno de los organizadores barriales más populares por la justicia social durante los años cincuenta en EEUU fue Karl Linn, un psicólogo que se convirtió en profesor de Arquitectura y Paisaje en la facultad de Pennsylvania, en Filadelfia. Este atípico maestro, preocupado por la habitabilidad de los barrios desfavorecidos, puso en marcha un innovador programa para promover proyectos comunitarios. Las iniciativas eran impulsadas por residentes, profesionales voluntarios, activistas sociales y por su propio alumnado, que diseñaban y construían mediante metodologías participativas espacios de encuentro comunitario como parques, juegos, plazas o centros sociales.

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Mediante esta estrategia trataban de intensificar las relaciones sociales de los habitantes en torno al diseño, la construcción y la gestión de espacios comunes al tiempo que recuperaban y dignificaban zonas degradadas de estos barrios. De un lado, el diseño implicaba un encuentro de distintas sensibilidades y suponía un ejercicio de reconocimiento de las necesidades y problemas compartidos. De otro, la construcción y la gestión implicaban la puesta en marcha de un proyecto común (Fdez. Casadevante y Morán, 2015).

Linn denominaba a estas iniciativas neighborhood commons —que podríamos traducir como “comunes vecinales”— puestas en práctica en barrios de la costa este de EEUU (Linn, 2009). Estos comunes vecinales eran una palanca que posteriormente permitiría abordar otras problemáticas e implementar distintas dinámicas de organización y movilización social. A finales de los ochenta, Linn se instala en San Francisco, donde funda junto al arquitecto afroamericano Carl Anthony el programa Urban Habitat, centrado en la revitalización de barrios y la dinamización ambiental y multicultural, y participa en diversas plataformas y comités relacionados con la jardinería comunitaria, concibiendo dichos espacios como un ejemplo perfecto de comunes vecinales. En el contexto de amenaza de desalojo que afrontan los jardines comunitarios de Nueva York en los años noventa, Linn defenderá la necesidad de mantenerlos bajo la gestión y el cuidado de las comunidades que los han creado, abogando por el reconocimiento de los mismos como suelos públicos en los planes de urbanismo.

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Los apuntes sobre estos episodios históricos muestran como los comunes en la ciudad han sido un artificio útil: la forma que han ido tomando las dinámicas de cooperación social para recrear comunidades rebeldes, capaces de gestionar colectivamente recursos estratégicos y desmercantilizarlos. Estas fórmulas han ido mutando ante el paso del tiempo, los cambios de contexto y la necesidad de reinventarse constantemente ante las dinámicas de cercamiento o desposesión. Estas prácticas, con sus particularidades locales, están inscritas en la historia de nuestras ciudades, desde sus orígenes hasta la etapa contemporánea, como una suerte de hilo invisible que conectaría las luchas gremiales, obreras y vecinales. Han sido dinámicas asociativas y colectivistas que, cual carrera de relevos, se van trasladando de unos ciclos a los siguientes.

Lo común que pervive en nuestras ciudades

Ciudades como Barcelona y Madrid contienen una larga historia de organización comunitaria y luchas sociales, también de intentos de neutralización e instrumentalización de esa fuerza social por parte del Estado y de gobiernos locales, para insertarse en las dinámicas del mercado competitivo entre ciudades globales. Su etapa contemporánea, desde los años setenta hasta hoy, está plagada de ciclos de conflicto, negociación y de implicación vecinal en el modelo de ciudad que, dependiendo de la correlación de fuerzas de cada momento, han producido uno u otro modelo de gobernanza más o menos justo.

La historia contemporánea de Barcelona se puede leer a partir de esos ciclos. La fuerte movilización social que tuvo lugar desde principios de los años setenta trajo como resultado el reconocimiento del movimiento vecinal como interlocutor en los procesos urbanos, lo que permitió la apertura de procesos de negociación con ayuntamientos tardofranquistas (Bonet, 2012) y la alianza con colectivos profesionales tales como arquitectos, urbanistas, abogados y geógrafos. No es posible pensar la etapa del conocido como “urbanismo democrático” de Barcelona (Borja, 2010) sin esa acumulación de fuerzas comunitarias. Con una trayectoria diferente, en los setenta de Madrid se vivió una de las fases más fuertes del movimiento vecinal, que se articuló en oposición a las grandes operaciones urbanísticas con fines especulativos. Madrid alberga durante los años siguientes uno de los proyectos de transformación urbana participativa más ambicioso a escala europea, el Plan de Remodelación de Barrios de 1979, donde la presión y organización vecinal consiguió que 150.000 personas fueran realojadas en una vivienda digna en 30 barrios de la periferia sureste.

Por otro lado, las instituciones económicas basadas en la solidaridad y la cooperación, también tienen un largo trayecto en ambas ciudades. Durante los siglos XIX y XX, se crearon sociedades cooperativas de consumo, producción y crédito. Como señala Iván Miró, cooperativista y miembro de La Ciutat Invisible, en la Barcelona de 1935 «unas 10.000 familias se organizaban en 60 cooperativas de consumo, y ya en 1937, en el contexto extraordinario de la Guerra Civil y la revolución social, en Cataluña eran 350.000 familias las que vehiculaban el consumo en las cooperativas obreras2». Lo común está inscrito en tradiciones políticas como el anarcosindicalismo, el mutualismo o el cooperativismo, las mismas que padecieron el ataque frontal del fascismo antes y después de 1939.

Pero la respuesta ante la crisis de modelo de la ciudad-fábrica de los años setenta fue apostar institucionalmente por una profunda reorganización urbana que prometía modernizar, actualizar y rehacer la ciudad. El modelo victorioso fue el empresarialismo urbano: las ciudades pasaron a ser agentes con comunicación directa con mercados financieros y empezaron a competir entre ellas para atraer inversión y garantizar ventajas competitivas (Harvey, 1989). Las ciudades tenían que especializarse dentro de la cadena de producción global, tomando un papel determinado en ese proceso de acumulación ampliado sobre el territorio. En eso insistían las grandes coaliciones económicas y las élites dominantes. Esto llevó a una reordenación del territorio determinada por los circuitos del capital a nivel europeo. El Estado español se insertó en la lógica financiero-inmobiliaria, convirtiendo el territorio en un activo financiero (Rodríguez y López, 2010). Las clases locales y globales que controlan el capital financiero, a quienes poco preocupan los efectos territoriales a nivel local de sus inversiones y sus prácticas especulativas, han tenido un papel fundamental en el conjunto de este proceso. Como resultado, hemos visto los flujos de capital campando a sus anchas por el territorio sin ningún control democrático, sin ninguna soberanía por parte de los territorios, con múltiples y decadentes impactos sociales.

Las reacciones populares, las formas de organización social y los movimientos urbanos desde los años setenta hasta la actualidad han ido trazando diferentes ciclos de respuesta al modelo dominante. La respuesta social más contemporánea a estas alianzas entre poder público y poder financiero fue nítida: «no somos mercancías en manos de políticos y banqueros». Con trayectorias previas y con capacidad para mantenerse durante el actual ciclo de crisis, una nueva fase de movilización se expresó en las plazas durante el 15M, consolidando y creando formas de intervención y gestión comunitaria. De ese proceso, han ido surgiendo y se han fortalecido procesos de comunalización urbana que, desde su contexto de barrio, han buscado producir aquellas demandas que las connivencias entre mercado y Estado no eran capaces de garantizar.

Un caso paradigmático en Barcelona es Can Batlló, en el barrio de La Bordeta del distrito de Sants-Montjuïc. Can Batlló fue una de las fábricas colectivizadas durante la Guerra Civil española y ha sido un icono dentro del paisaje urbano de Sants. El bloque 11 de este recinto lleva cuatro años gestionado por los propios vecinos y vecinas, que forzaron la cesión del espacio al entrar en el recinto, hartos de no recibir respuesta institucional a la necesidad de equipamientos y servicios culturales y sociales para el barrio. En Madrid han ido apareciendo y consolidándose prácticas de gestión comunitaria de equipamientos culturales (Centro Social Seco, Espacio Vecinal Montamarta, Espacio Vecinal Arganzuela), espacios públicos (El Campo de la Cebada) o zonas verdes (Red de Huertos Urbanos Comunitarios). Este conjunto de procesos, con sus singularidades y con diferentes formas de negociación y tensión con actores públicos y privados, muestran la capacidad para producir espacios comunitarios. En estos espacios, el valor de uso gana terreno frente a las dinámicas basadas en el valor de cambio que son hegemónicas en el conjunto de la ciudad. Intentos por desmercantilizar el territorio e insertarlo en un proceso de creación de vínculos comunitarios que, en el actual momento de impasse, tienen mayor capacidad de agregación y de integrar a perfiles sociales diversos.

Sin embargo, teniendo en cuenta ambos procesos, los movimientos de mercantilización del territorio y los que intentan colectivizar recursos, una pregunta importante queda todavía por responder. Si bien estas prácticas colectivas, que como vemos tienen una larga trayectoria en la ciudad, prefiguran otro modelo urbano posible, ¿son una respuesta efectiva a la ciudad capitalista?, ¿tienen capacidad para escalar a nivel metropolitano y ser algo más que pequeños espacios de comunidad para los barrios?

¿Bienes comunes como respuesta a la acumulación por desposesión?

Los continuos procesos de cercamiento de tierras comunales, la devastación de territorios, la larga cola de procesos coloniales y neocoloniales que arrastra el capitalismo, el endeudamiento ciudadano y la dilapidación de otros modos de vida son la base genética de un modelo que se sirve de la desposesión para perpetuarse. Siguiendo la tesis principal de Rosa Luxemburgo en La acumulación del capital (Luxemburgo, 1913), el geógrafo marxista David Harvey (2005) ha insistido en entender el capitalismo como la historia de una continua desposesión social y en demostrar cómo este sistema predatorio no resuelve sus crisis, sino que las desplaza.

El enfoque principal de Harvey es que la base del capitalismo no es un capítulo histórico puntual de acumulación originaria —como lo analizó Marx para explicar el desarrollo posterior del capitalismo— sino un proceso de desposesión continuo, en pleno curso. Las diferentes fases del capitalismo se apoyan en:

«La histórica y actual mercantilización y privatización de la tierra y expulsión de poblaciones campesinas; conversión de diversas formas de derechos de propiedad —común, colectiva, estatal— en derechos de propiedad exclusivos; supresión del derecho a los bienes comunes; transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito» (Harvey, 2005).

A su vez, en el libro Calibán y la bruja (Federici, 2004), la militante feminista Silvia Federici sitúa en el centro del análisis de la acumulación originaria las cacerías de brujas de los siglos XVI y XVII. Federici analiza el papel de las mujeres en la reproducción y producción de naturaleza comunal y comunitaria, en el acceso al conocimiento tradicional así como su liderazgo e importancia en las sociedades precapitalistas. En esta genealogía indispensable para entender los fundamentos y las formas de operar del capitalismo queda patente cómo la persecución y quema de mujeres que no querían aceptar su papel servil hacia el hombre fue tan importante para el desarrollo del capitalismo como la colonización y la expropiación del campesinado europeo de sus tierras. Como comenta Federici, «la importancia económica de la reproducción de la mano de obra llevada a cabo en el hogar, y su función en la acumulación del capital, se hicieron invisibles, confundiéndose con una vocación natural y designándose como trabajo de mujeres» (Federici, 2004). Las maniobras de normativización y dominación sobre el cuerpo de la mujer también se reproducen en los diferentes ciclos capitalistas, decretando qué puede o debe hacer la mujer, invisibilizando su condición productiva y limitando su autonomía.3

Estos múltiples procesos de desposesión podemos verlos inscritos en la etapa contemporánea. Desde los setenta, el capitalismo ha padecido diversos procesos de sobreacumulación, es decir, la generación de continuos excedentes. Tanto excedentes de trabajo (desempleo) como de capital (sobreabundancia de mercancías que no pueden venderse). Para sobrevivir, el capitalismo se vale de lo que Harvey denomina “ajustes espacio-temporales”, procesos por los cuales se traslada la crisis bien en el tiempo o bien a otros territorios, esto es, aplazándola temporalmente o desplazándola geográficamente. Una vez devastadas las posibilidades de un momento histórico o las capacidades productivas de un territorio, el capitalismo traslada sus crisis para encontrar savia nueva bajo la que reproducir las mismas condiciones, iniciando así un nuevo ciclo de acumulación ampliada y de desposesión. En esas fases de sobreacumulación, la urbanización se ha usado para eludir procesos de desvalorización, absorber los excedentes y ampliar el circuito de acumulación sobre el territorio. A eso responden la construcción de infraestructuras de inmenso tonelaje y la consecución de grandes eventos en ciudades como Madrid y Barcelona. Este proceso desarrollista corre en paralelo a prácticas de desposesión social, donde la intervención desde el Estado para abrir espacios al mercado capitalista corrosiona la garantía de los derechos sociales.

Frente a este proceso descomunal, con capacidad para determinar no solo los territorios, sino la relación entre el conjunto de la geografía global, la vida social y los cuerpos ¿pueden las prácticas comunitarias ser una respuesta?, ¿tienen estas prácticas la fuerza y la capacidad de escalar necesaria para ser una alternativa a un modelo tan galvanizado en nuestras vidas?

Una posible respuesta a parte de estas preguntas podemos encontrarla en la batalla que se materializó geográfica y temporalmente en la Guerra del Agua en Bolivia. Entre enero y abril de 2000, un conjunto de protestas se alzaron en Cochabamba como respuesta a la privatización de la provisión de agua potable. En su libro Común, Laval y Dardot recuerdan las palabras de la militante india Vandana Shiva que ilustran el enfoque político de estas prácticas de reapropiación de lo común:

«Si la globalización es el cercamiento final de los comunes —nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación— recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época» (Vandana Shiva citada en Laval y Dardot, 2015)

Esta declaración no solo resume la tendencia a pensar los comunes como un proceso de reapropiación de aquello que constituía la sustancia misma de la sociedad, sino como espacio de embate frente a las prácticas que reproducen la subordinación del Sur frente al Norte. A su vez, estas palabras ponen sobre la mesa cómo las instituciones capitalistas crean las condiciones necesarias para que el mercado pueda ampliar el espacio sobre el que generar excedentes. En el caso de Cochabamba, una organización supraestatal —el Banco Mundial— promociona a una multinacional estadounidense —Bechtel Corporation—para ser contratada por el entonces presidente de Bolivia —el dictador Hugo Banzer— quien previamente generó el marco institucional para poder asegurar la legalidad de la privatización. Frente a estas prácticas de desposesión que no solo encarecían el precio del agua y limitaban su acceso, sino que además destruían los sistemas comunales que la gestionaban, la Batalla del Agua fue uno de los procesos de organización social que materializó la defensa contemporánea de los bienes comunes.

Este episodio histórico nos ayuda a ilustrar cómo el proceso de acumulación por desposesión aterriza de manera concreta sobre las vidas y los territorios, con arreglos institucionales que se adaptan al momento y al contexto. El neoliberalismo ha hecho un uso intensivo de herramientas jurídicas, leyes parlamentarias y tácticas capitalistas para cercar y extraer renta de la producción social: apertura de espacios para el capital financiero sin sistemas de control públicos; privatizaciones de bienes públicos y de recursos básicos para el sostén humano; políticas, reglamentos y medidas coercitivas para convertir en mercancía el trabajo, la tierra, el dinero y los saberes4. Es en ese sentido que lo común ha de plantearse como un problema institucional, como la necesidad de defender, diseñar, implementar y asumir un conjunto de derechos, normas, obligaciones y compromisos para reapropiarse de lo enajenado y garantizar las condiciones materiales de subsistencia y reproducción social.

Lo común abre preguntas sobre cómo resolver problemas colectivos, sobre si la totalidad de los asuntos públicos se pueden responder sobre la lógica del apoyo mutuo, sobre si en sociedades complejas y atomizadas es posible recuperar los vínculos comunitarios necesarios para producir nuevas instituciones públicas. Cuestiones que problematizan y autocuestionan las propias dinámicas sociocomunitarias, para que velen por su democratización y sean vigilantes de sus sesgos en términos de clase —¿resultan funcionales y atractivas a las mayorías sociales precarizadas?—, de género —¿cuestionan las inercias organizativas e incorporan las cuestiones relacionadas con la reproducción social?—, así como sesgos de etnia o procedencia —¿son capaces de habilitar espacios interculturales y cosmopolitas que atiendan a lo universal atendiendo a las singularidades concretas?—.

Como posible respuesta a la pregunta que da título a este apartado podríamos argumentar que para una ciudad común, hacen falta otras instituciones tangibles que doten de herramientas a las clases desposeídas. Y esto atraviesa cuestiones como las formas políticas de autogobierno, participación y representación o la capacidad de actuar institucionalmente en las diferentes escalas donde se organiza y desplaza la crisis. Si lo común es un problema institucional, es importante entonces señalar los marcos jurídicos y legales que se han producido para garantizar su existencia. Disponemos de algunos ejemplos donde activistas y juristas han intentado desarrollar innovaciones para empujar reconocimientos legales que protejan a los bienes comunes a través de leyes, sentencias judiciales, políticas públicas, ordenanzas municipales o usos imaginativos de los marcos normativos existentes. Sin espacio para ser muy exhaustivos, en los siguientes apartados señalamos algunos ejemplos que consideramos interesantes.

Pasar del hecho al derecho: marcos jurídicos para instituciones comunitarias

Una de las estrategias más conocidas fue el intento para desarrollar un marco legal que garantizara el acceso a los bienes comunes a partir de concebirlo como un derecho humano fundamental. Esta idea tuvo sus orígenes en el trabajo del profesor Stefano Rodotà, un destacado jurista y político italiano. En 2007 se convocó una Comisión Ministerial presidida por Rodotà para reformar el Código Civil italiano, enfocada en la disciplina de los bienes públicos, a la luz de los sobrevenidos principios constitucionales y europeos. La denominada “Comisión Rodotà para la Reforma de los Bienes Públicos” produjo la primera codificación legal de los bienes comunes como bienes que deben ser protegidos a largo plazo y que por su naturaleza deben ser salvaguardados para los intereses de las generaciones futuras5. Los bienes comunes fueron definidos como “bienes que brindan un servicio público esencial para la satisfacción de los derechos fundamentales de la persona” y el acceso a estos bienes debía estar garantizado más allá de si la titularidad de propiedad era pública o privada.

Esta iniciativa no pudo avanzar debido al cambio en la mayoría parlamentaria, pero inspiró y sirvió como marco para otras movilizaciones que partían de considerar el acceso y gestión de los bienes comunes como derecho fundamental. Esta cultura política que se ha ido gestando en Italia ha tenido mayor visibilidad en prácticas como la movilización social que hizo posible el referéndum contra la privatización del agua en Italia6, en junio de 2011, o en la ocupación del Teatro Valle de Roma, defendido como bien común dos días después del referéndum, cuando el gobierno de la ciudad amenazaba con vender el teatro a inversores privados.

A escala europea, también han habido otros intentos, no del todo exitosos pero que pueden ser el inicio de un proceso al que le queda mucho territorio por recorrer. El año 2011, Ugo Mattei, catedrático italiano especializado en derecho civil y derecho comparado en la Universidad de Torino, junto a un número importante de organizaciones, llevaron a cabo una iniciativa legislativa popular en la Unión Europea para hacer una Carta Europea de los Bienes Comunes7. La iniciativa buscaba establecer, ante la oleada de privatizaciones de servicios públicos que se estaban produciendo en todo el continente, el estatus jurídico y la protección de los bienes comunes a escala europea. Ligada a esa experiencia, otro intento más reciente de introducir el paradigma de los comunes en las estructuras de la Unión Europea lo encontramos en el European Parliament Common Goods Intergroup8. Como los 28 que existen en el Parlamento Europeo, este intergrupo no tiene poder ejecutivo, pero introduce debates en la agenda europea que hasta ahora eran casi inexistentes y que podrían tener impacto en futuras regulaciones y ayudar a alimentar el debate público ya existente en los diferentes territorios.

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Como vemos, los intentos de establecer un marco jurídico para la defensa de los bienes comunes cuentan con cierta trayectoria en este ciclo actual de crisis, pero la correlación de fuerzas a escala europea sin duda es contraria a su consolidación. Tal vez podamos encontrar otras prácticas a nivel municipal, donde la escala y la aparición de nuevas formaciones políticas hacen presumir que el diseño e implementación de nuevos arreglos institucionales para la gestión y reproducción de los bienes comunes pueda ser más ágil.

Una iniciativa interesante es la “Regulación de Bolonia para el cuidado y regeneración de los comunes urbanos”9. A pesar de que su base política tiene un carácter bastante moderado, lejos de otras prácticas o ideas de autogobierno más radicales, cabe reconocer su capacidad para cambiar la forma de gobernanza del territorio urbano. Este proyecto, que se está implementando desde el año 2015 en Bolonia, está tratando de transformar algunos procesos burocráticos estándar, invitando a los ciudadanos a que propongan sus ideas sobre los comunes y trabajen junto al gobierno local para llevarlas a cabo10. El municipio se presenta como un activador, dando a los ciudadanos capacidad individual y colectiva para influir en algunas decisiones. Según estos reglamentos, la ciudadanía puede gestionar espacios urbanos tales como jardines o edificios vacíos a partir de un acuerdo con el gobierno local, que actualmente tiene más de 90 “pactos de cooperación” con grupos de ciudadanos. Estos pactos incluyen desde un vecino convirtiéndose en administrador o vigilante designado de ciertos espacios públicos a padres y madres que gestionan un jardín local para la infancia o vecinos creando “calles sociales” que fomentan la socialización. Como apunte crítico, la capacidad que ofrece este reglamento para intervenir en ámbitos conflictivos de la geografía urbana es relativa, y por momentos parece funcionar como un proceso de externalización de responsabilidades públicas.

A escala municipal, la experiencia más interesante, tanto por la forma en la que ha ido desarrollándose como por el carácter singular que adopta en su diseño e implementación, es el reglamento para los comunes urbanos en Nápoles.

Una experiencia municipal sugerente: los comunes urbanos en Nápoles

En el año 2015 el Ayuntamiento de Nápoles aprobó una serie de medidas administrativas para regular, promover e institucionalizar los comunes en el ámbito urbano. Un proceso encaminado a reconocer jurídicamente espacios de autogobierno e implementar modelos de gestión ciudadana de bienes del patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento.

Este proceso tiene sus orígenes en la ocupación de l’Asilo de Nápoles, un equipamiento de titularidad municipal declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Días antes, l’Asilo había sido anunciado como la futura sede del Foro Universal de la Cultura, fundación privada que tiene su origen en Barcelona, constituida para el Fòrum de las Cultures de 2004. Como reacción a ese anuncio, el 2 de marzo de 2012 un colectivo de trabajadores y trabajadoras culturales, conjuntamente con más ciudadanos que formaron parte del proceso, ocuparon l’Asilo. Esta intervención estaba inicialmente planteada para desarrollar actividades culturales autogestionadas durante 3 días. Finalmente, a partir de la propia organización ciudadana, se planteó legalizar la autogestión de l’Asilo, recuperando una fórmula jurídica italiana en desuso pero todavía vigente: el uso cívico de un bien público.

Este fue el primer paso para lo que finalmente sería un caso de innovación jurídica sin apenas precedentes. A través de una ordenanza municipal, el Ayuntamiento de Nápoles recogió en sus estatutos el concepto de “bien común”, incluyendo en su parte dispositiva el reglamento de uso del inmueble, escrito por los participantes en la asamblea de l’Asilo. La resolución, que tomó la forma de acto administrativo, introducía la categoría jurídica de “bienes comunes” definidos en base a tres ideas:

i) Bienes comunes como “utilidades funcionales al ejercicio de los derechos fundamentales así como al libre desarrollo de las personas”.

ii) Bienes comunes en tanto “pertenecientes a la comunidad y a la sociedad, más allá de la distinción entre público y privado y entre propiedad y gestión (…) bienes con fuertes vínculos sociales, intergeneracionalmente solidarios y con profundas raíces locales”.

iii) Finalmente se trata de “bienes gestionados a través de un gobierno público participado”.

En esta definición se reconoce que los bienes comunes no los constituye un recurso concreto sino una triada formada por la existencia de un recurso, una comunidad activa alrededor de la cual se desarrolla el común y un conjunto de normas que describen su forma de gestión. Por tanto, no se trata solo de recursos básicos para la vida urbana, aquellos activos tangibles e intangibles de pertenencia colectiva que la regulación califica como “bienes de titularidad colectiva”. Se trata, a su vez, de la imbricación de estos recursos con una comunidad activa de referencia, abierta y determinada a través del uso, así como de un modelo específico de gestión y autogobierno del recurso.

A pesar de que el gobierno local fue acusado de “legalizar” la ocupación de edificios públicos, la resolución no proporciona arrendamientos o concesiones a los movimientos sociales que ocupan los espacios, sino que reconoce el “uso cívico” que hacen de estos espacios. Lo que se arropa con este reglamento no es tanto el sujeto jurídico (la asociación o el conjunto de asociaciones que pueden formar parte del espacio) sino su modelo de gobernanza, su expresión institucional concreta, aquello que hace posible la actividad y el sostén del espacio. Es un reconocimiento legal desde la institución de las prácticas de autogobierno en la gestión de espacios bajo titularidad pública a partir de convenios colectivos específicos. Cada espacio es diferente, puesto que existe una gran complejidad en las formas de autoorganización de cada caso y, por tanto, el tratamiento institucional requerido varía de uno a otro.

Para acompañar el reglamento se ha creado un “Observatorio permanente ciudadano de los comunes” que estudia, analiza, propone y controla la gestión y protección de aquellos bienes comunes que han sido reconocidos por el gobierno municipal. El Observatorio cuenta con 11 miembros expertos en cuestiones jurídicas, económicas, sociales y medioambientales. De esos miembros, 7 son nombrados por el alcalde y 4 son ciudadanos seleccionados a través de procedimientos online. A la vez, para analizar las formas de gestión y regulación de los edificios ocupados, hay mesas de debate público donde los ciudadanos tienen poder de decisión conjunta con la administración.

A diferencia de lo que ocurre en el reglamento de Bolonia, no se trata de la cesión temporal de ciertos usos de un bien o la intervención ciudadana puntual en algunas parcelas de la ciudad. En este caso, se trata de la producción jurídica colectiva de herramientas que sean útiles para el reconocimiento y sostén de prácticas de autogobierno en la ciudad. Prácticas que provienen de la gestión directa de equipamientos urbanos, con localizaciones tan estratégicas como el centro de la ciudad y que parten de procesos de desobediencia civil en respuesta a la malversación de fondos públicos o el intento de usar bienes de titularidad municipal como atractores de capital financiero. Como señala Giuseppe Micciarelli, activista e investigador implicado en el proceso de l’Asilo «lo importante no es solo que se produzca un servicio para la ciudad, sino que es un intento de construir un laboratorio de autogobierno, de colaboración, de medios de producción comunes, basado en la cooperación11».

Una experiencia que evidencia como la viabilidad de los comunes urbanos se va a disputar en su capacidad de generar una noción expandida de lo público, más en la apropiación efectiva que en reclamar un nuevo estatuto de propiedad. La apropiación es el proceso por el que un espacio deviene para individuos y grupos un lugar “propio”, la forma mediante la cual se establecen vínculos con el lugar, de forma que las percepciones y las acciones que se desarrollan en él resultan apropiadas, correctas:

«Apropiarse de un lugar no es solo hacer de él una utilización reconocida sino establecer una relación con él, integrarlo en las propias vivencias, enraizarse, y dejar la propia impronta, organizarlo y devenir actor de su transformación» (Chombart de Lauwe, 1976).

Los comunes urbanos abren la puerta a una apropiación autónoma de lo público a escala barrial, siendo esta una esfera pública abarcable y comprensible. Una escala propicia según el psicólogo ambiental A. Moles, que relacionaba la distancia espacial con las variables del dominio cognoscitivo, las posibilidades de control del espacio, el esfuerzo invertido en este proceso y la presencia de otras personas. La zona donde confluyen estas variables, es decir, donde se mantiene un control espacial y cognitivo significativo, donde existe una alta presencia de otras personas y donde el esfuerzo de intervenir es bajo aún, corresponde a la escala barrial (Moles y Rohner, 1975).

Conclusiones: pasos y retos del camino hacia la ciudad cooperativa

Se ha insistido demasiado en pensar los derechos como una garantía pública incondicional y en situar los bienes comunes como recursos naturalmente asegurados. Pero tanto los derechos como los comunes urbanos son espacios de conquista social. Si el derecho a la ciudad puede pensarse desde esa misma lógica será gracias a cuestionar aquellos dispositivos que normalizan las desigualdades urbanas y las lógicas depredadoras del territorio, que las interpretan como un hecho natural. Ya hemos visto que la ciudad no es una arcadia idílica, sino más bien un espacio estriado donde el conflicto forma parte consustancial de su historia. Las características socioespaciales de un entorno urbano son producto de intervenciones públicas, sociales, financieras y mercantiles que se integran o enfrentan a una geografía de poder global poco dada a generar equilibrios. La defensa de los bienes comunes forma parte de ese mismo contexto, donde la autoorganización social surge como reacción o alternativa a las máquinas de crecimiento metropolitanas. Los movimientos de defensa de los bienes comunes no son meros ejemplos de un derecho ya conquistado, sino parte de la energía social necesaria para materializar ese derecho a la ciudad. Es por ese motivo que hemos considerado importante situar procesos donde los bienes comunes se entienden como una categoría con autonomía jurídica, alternativa a la propiedad pública y privada (Mattei, 2013).

La ciudad neoliberal ha estado pilotada por una alianza entre el mercado y las instituciones, que bajo la figura de los partenariados público-privados ha dotado al sector empresarial de una mayor influencia a la hora de definir las estrategias de transformación de la ciudad (planeamiento urbano, privatización de servicios y equipamientos, definición de áreas de inversión, mercantilización del espacio público…), aumentando tanto las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales, como la insostenibilidad ambiental del modelo. Revertir esta dinámica implica tejer procesos de colaboración público-comunitarios, intensivos en protagonismo ciudadano, capaces de implementar una nueva agenda urbana que atienda de forma participativa a las necesidades de las personas y los barrios desfavorecidos, que reoriente los modelos económicos hacia la justicia social y la transición ecológica. Una secuencia que exige fortalecer los comunes urbanos existentes (huertos urbanos, centros sociales, despensas comunitarias, gestión vecinal de equipamientos culturales y deportivos, grupos de consumo, espacios de crianza compartida, cooperativas de vivienda, de energías renovables, de trabajo…) e inspirar saltos de escala que permitan llevar estas lógicas a la gestión municipal de recursos estratégicos (agua, energía, alimentación, gestión de residuos, cuidados y atención a las personas…).

En algunos gobiernos locales de nuestro contexto territorial se están dando algunos pasos en esa dirección. El Ayuntamiento de Madrid está empezando a explorar un marco de cooperación público-social, además de elaborar una normativa para ceder espacios y recursos públicos a iniciativas (fundaciones, asociaciones, organizaciones y espacios vecinales o incluso a empresas privadas) preocupadas por el interés general y el bien común. Con estas directrices se quiere recoger y sistematizar una práctica social muy extendida (la cesión de locales públicos a entidades privadas) cuya transparencia, control público y gestión democrática era mejorable. Además, han comenzado a discutir una categoría de uso urbanístico del común, que sirva para reconocer los usos colectivos en normativas relacionadas con los planes urbanísticos. En Barcelona, existe una trayectoria más o menos consolidada de cesión de espacios a la gestión ciudadana a través de reglamentos como la denominada “gestión cívica”. Esta ampliación de la cesión de espacios a colectivos arraigados al territorio proviene de una demanda vecinal organizada, que en múltiples ocasiones había señalado cómo los procesos por libre concurrencia para la cesión de la gestión de equipamientos de titularidad pública privilegiaban al sector privado. Actualmente se está revisando este reglamento, puesto que funciona con una alta discrecionalidad y no garantiza que dimensiones como la proximidad, el beneficio social o el arraigo territorial de los actores que gestionan los equipamientos tengan mayor peso que indicadores económicos convencionales.

Llegados a este punto, de nuevo, es central señalar la ambivalencia de estas cesiones de la gestión pública a organizaciones ciudadanas. En un contexto de recortes sociales y disminución de la capacidad inversora, sumado a la necesidad de dar respuesta pública a nuevas demandas sociales, las administraciones locales y, en general, lo público-estatal se tiene que reinventar para componer un nuevo e incierto escenario. Es frente a esta nueva realidad que la carencia de recursos público-estatales (materiales, organizacionales, creativos) conduce a encontrar otras vías a través de prácticas de “corresponsabilidad” con la ciudadanía. Pero no hay que olvidar que, paralelamente a la defensa de un sistema de bienestar de nuevo cuño, también vuelve la demanda de un Estado mínimo excluyente con perspectiva anarcocapitalista. Este diseño institucional va encaminado a reducir el brazo social de lo público y fortalecer los ámbitos de gestión privada y, también, comunitaria. La defensa de los bienes comunes no está exenta de ambivalencias y puede caer en enfoques que tanto pueden convencer a cierto empresariado reaccionario como a comunidades implicadas en procesos emancipatorios. Algo muy similar a pensar lo común como “una categoría empresarial que sirve para añadir la explotación clásica de los asalariados a la explotación inédita de los consumidores-usuarios” (Laval & Dardot, 20015). Esta ambivalencia es la que puede hacer ver a lo común como espejismo o como oportunidad (Subirats y Rendueles, 2016). O dicho de otra manera: la amenaza de que una respuesta social mayoritaria contra la mercantilización del todo social sea engullida por una perspectiva comunitarista consensual e higiénica que deja a un lado los conflictos materiales. Sin esos elementos de conflictividad y de intereses contrapuestos, lo común puede ser reducido a “lo colaborativo”, a la prestación de servicios en plataformas que no operan bajo principios de gestión democrática ni de propiedad colectiva; lo común se inscribe así dentro de tradiciones apropiacionistas y de promoción de prácticas rentistas.

Si una de las respuestas a esta crisis es la gestión comunitaria de recursos, esto supone una reinvención de lo público pero acentuando la necesidad de que las instituciones garanticen el acceso universal a los derechos. No puede haber ambigüedades en este terreno. Son los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad y no otros los que han conducido históricamente la defensa de lo común. De ello depende que la gestión comunitaria de recursos sea una vía para sostener temporalmente las quiebras estructurales de un sistema que seguirá produciendo desigualdades o una posible puerta hacia un sistema institucional público-comunitario más igualitario donde el autogobierno es una pieza fundamental. Pensar en otras instituciones públicas y comunitarias pasa por “hacerlas”, en el sentido más particular y práctico —arremangarse y afrontar la complejidad de resolver problemas concretos atravesados por mil variables— pero también en el sentido más estratégico y político, que inevitablemente pasa por no olvidar a qué principios democráticos y a qué prácticas de desmercantilización deben responder esas instituciones.

Thoureau solía afirmar que no había que preocuparse por construir los castillos en el aire, pues ese era su lugar natural, sino que lo que debía preocuparnos era construirles los cimientos. Los comunes urbanos se encuentran cimentando las aspiraciones de una ciudad alternativa. En ellos, un artesanado reactualiza las prácticas cooperativas y de la cultura colectiva dispuesto a asaltar los suelos, calle a calle y plaza a plaza.

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1Es bien conocido cómo el paso de una economía feudal a una economía de base capitalista vino acompañado por un proceso violento, bajo el que se expulsó a las clases campesinas de las tierras comunales, medios que constituían su principal fuente de supervivencia. Los “cercamientos” fueron el conjunto de prácticas de saqueo, acompañadas en muchos casos por leyes parlamentarias, bajo las que se separó al campesinado de sus medios de producción. Una «revolución de los ricos contra los pobres» lo llamó Karl Polanyi. En El Capital, Karl Marx explica este proceso en el capítulo “acumulación originaria”, entendida como fase fundacional del capitalismo. Marx respondía así a la supuesta transición natural y armoniosa que hasta la fecha habían relatado los economistas liberales, quienes entendían que el origen del capital provenía del ahorro de los trabajadores más previsores.

2Ver entrevista a Iván Miró en eldiario.es: “Genealogía de la ciudad cooperativa” http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Genealogia-ciudades-cooperativas_6_196040418.html

3Para profundizar algo más en esta cuestión, ver la entrevista a Silvia Federici en el periódico Diagonal: “Creo que sigue teniendo lugar una caza de brujas” https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/creo-sigue-teniendo-lugar-caza-brujas.html

4Otro de los procesos de cercamiento que se han desarrollado en paralelo al desarrollismo urbanístico de los centros de las ciudades lo encontramos en los frentes marítimos. Para consolidar estas prácticas de gran impacto medioambiental, también se han construido marcos jurídicos y arreglos institucionales específicos, que incluso se han replicado de una ciudad a otra y que entregan un gran poder sobre el territorio a instituciones privadas. Para más información a partir del proceso vivido en el Port Vell de Barcelona, se pueden consultar el artículo “El Puerto de Barcelona: destapar un gobierno en la sombra” http://ctxt.es/es/20161214/Firmas/10011/puerto-Barcelona-ampliacion-obras-corrupcion.htm

5Relazione di accompagnamento al Disegno di legge delega https://www.giustizia.it/data/multimedia/2430.pdf

9Bologna Regulation for the Care and Regeneration of the Urban Commons http://www.comune.bo.it/media/files/bolognaregulation.pdf

10Originalmente desarrollado por el laboratorio por la gobernanza de los comunes http://www.labgov.it y por http://www.labsus.org, el Reglamento de Bolonia ahora quiere ser emulado en otras ciudades italianas como Mantova, Palermo, o Battaglia.

11Para conocer más detalles de este proceso, uno de los pocos materiales disponibles en castellano es la entrevista realizada a Micciarelli en el periódico Diagonal https://www.diagonalperiodico.net/libertades/31726-esto-es-laboratorio-autogobierno.html También se puede consultar la web de L’Asilo donde, entre otros datos, se puede encontrar su modelo de gobernanza http://www.exasilofilangieri.it/autogoverno-dellasilo/ y el “Reglamento sobre los usos cívicos” (Regolamento sugli usi civici) elaborado entre 2012 y 2015 en L’Asilo http://www.exasilofilangieri.it/chi-siamo/

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