Conflictos urbanos, municipalismo e innovación social.

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Entrevista aparecida en el  Boletín ECOSnº36 de la FUHEM.

La ciudad como eje de conflictos acompaña a los procesos urbanos desde, al menos, el surgimiento de la ciudad industrial. Dos activistas de los movimientos sociales y referentes de la innovación social, Rubén Martínez Moreno y José Luis Fernández Casadevante, Kois, que actúan en Barcelona y Madrid, respectivamente, reflexionan en este coloquio sobre las causas y manifestaciones de la conflictividad urbana y valoran cómo enfrentan los nuevos ayuntamientos del cambio el conflicto en la ciudad.

José Luis Fernández Casadevante, Kois, sociólogo, miembro de la cooperativa GARUA, activista del movimiento vecinal desde hace más de una década, y actualmente involucrado, entre otros proyectos, en promover la agricultura urbana como Responsable de Huertos Urbanos de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM). Trabaja en participación ciudadana, urbanismo y ecología social, temáticas sobre las que ha realizado diversas investigaciones, procesos formativos y artículos especializados. Es coautor del libro Raíces en el asfalto. Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana junto a Nerea Morán (Libros en acción, 2015).

Rubén Martínez Moreno es miembro de La Hidra Cooperativa y de la Fundación de los Comunes. Está especializado en la relación entre prácticas de innovación social, políticas públicas y nuevas economías comunitarias. Entre 2002-2011 fue fundador y co-director de YProductions, empresa centrada en la economía política de la cultura. Es co-autor de libros como Producta50: una introducción a las relaciones entre economía y cultura (CASM, 2008), Innovación en cultura: una genealogía crítica de los usos del concepto (Traficantes de Sueños, 2009), Cultura Libre (Icaria, 2012) y Jóvenes, Internet y política (CRS, 2013). Ha participado en congresos y seminarios internacionales sobre políticas públicas y gestión comunitaria como el Latin America Commons Deep Dive (México DF, 2012) y en grupos de investigación europeos como el P2P Value o TRANSGOB. Actualmente ultima su tesis doctoral sobre políticas de innovación social en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP).

Nuria del Viso (NV): La ciudad se ve aquejada por la segmentación del espacio y la fragmentación social, entre otros problemas, tendencias que se han agudizado en las últimas tres décadas de políticas neoliberales. ¿Cuáles son actualmente las principales cuestiones y los principales ejes de conflicto en la ciudad? ¿Os atrevéis a diferenciarlos según su distinta naturaleza?

José Luis Fernández Casadevante, Kois (JLFC): Lefebvre solía afirmar que la ciudad es la sociedad inscrita en el suelo, una metáfora que me gusta porque evidencia que sus edificios, calles, plazas y parques materializan deseos y estilos de vida, conflictos de intereses y equilibrios de fuerzas en disputa. Al mirar la ciudad obtenemos únicamente un fotograma de lo que con el paso del tiempo se nos revela como una película. La agudización de las conflictividades urbanas se daría de forma simultánea en tres ejes interconectados. El aumento de la desigualdad social y los desequilibrios territoriales, barrios donde se concentran los procesos de empobrecimiento y precariedad (paro, desahucios, pobreza energética, etc.), agravadas por los recortes en los servicios públicos (educación, sanidad y servicios sociales). Un autoritarismo de mercado, que debilita la ciudad como espacio de derechos y confiere al sector privado un mayor protagonismo a la hora de definir las estrategias de transformación de la ciudad (privatizaciones, áreas de inversión, mercantilización de las zonas verdes o del espacio público). Y, por último, esbozos de lo que sería una incipiente contienda ecológica, aunque no se nombre en estos términos. Las luchas por la remunicipalización del agua, los incipientes debates sobre los modelos urbanos de movilidad y alimentación, las demandas de justicia ambiental (en el caso de Madrid todas las infraestructuras contaminantes y tóxicas se concentran en barrios del sur y este de la ciudad). Estas líneas de conflicto han sido profundizadas durante los últimos años por lo que se podríamos denominar como “urbanismo de la austeridad”.

Rubén Martínez Moreno (RMM): En una investigación del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) en la que he participado titulada “Barris i Crisi” (Barrios y Crisis) hemos intentado analizar los impactos de la crisis en Cataluña. En ese trabajo, hacemos una cartografía de prácticas sociales que intentan responder a los efectos de la crisis y un análisis de las dinámicas de segregación urbana durante los últimos 10 años. En esta investigación, queda claro que la renta urbana actúa como factor de segregación social, dotando de mayor libertad de elección en el uso del espacio a ciertos grupos sociales pudientes a la vez que actúa como dispositivo de control sobre la movilidad residencial y la agencia de las comunidades más desfavorecidas. Esto ha producido una distribución territorial desigual de los impactos sociales de la crisis. O, dicho de otra manera, la crisis no solo afecta más a unas personas que a otras, sino que se ha incrementado la distancia entre los barrios donde viven grupos sociales con más recursos y los barrios más desfavorecidos. El capitalismo urbano necesita ese tipo de desigualdad territorial para crear campos rentables de producción y absorción de excedentes de capital. La producción de espacio urbano a partir de la mercantilización y la especulación sobre el suelo es una de las principales formas para asegurar ese tipo de territorio fracturado. En ciudades como Barcelona o Madrid, la urbanización se ha usado continuamente para eludir procesos de desvalorización (crisis) y ampliar el circuito de acumulación sobre el territorio. Esa lógica de máquina de crecimiento urbana –que se camufla bajo el chantaje de “sin crecimiento económico no puede haber políticas sociales”– ha producido grandes coaliciones entre élites locales y globales. En definitiva, tenemos ciudades que integran la desigualdad y la producción de periferias en el proyecto urbano, crean espacios no democráticos de decisión directa a manos de holdings financieros y supeditan las políticas sociales al crecimiento y a compensar los impactos que ese mismo modelo urbano produce. Esto supone un ataque directo sobre las condiciones de vida urbana, sobre quién y cómo puede o no subsistir en la ciudad. Eliminar este círculo vicioso formado por elites, especulación sobre el territorio y políticas sociales compensatorias es lo que creo está abriendo y va abrir los principales ejes de conflicto en la ciudad.

NV: ¿En qué medida la ciudad se ha convertido en el nuevo eje de pugna y contestación, ya sea como escenario de las reivindicaciones o como fuente de nuevos conflictos, sustituyendo el lugar que ocupaba la fábrica?

JLFC: Yo comparto que andamos en un tránsito desde la conciencia de clase hacia la conciencia de lugar, que diría Magnaghi, no porque las fábricas hayan desaparecido, sino porque las dinámicas de explotación se han diversificado, dispersado por el territorio y logrado fragmentar a ese idealizado sujeto obrero. Las luchas locales y concretas emprendidas por una pluralidad de sujetos ocurren en los espacios donde se da y reproduce la vida. Las movilizaciones por satisfacer necesidades básicas (PAH, despensas comunitarias, pobreza energética, etc.) y por poner en valor el territorio (luchas vecinales, patrimonio, agroecología, entre otras), sin olvidar o excluir el papel de las luchas obreras, permiten el reencuentro, la reconstrucción de identidades colectivas, nuevas formas de organización y la recreación de lazos comunitarios. No hay que olvidar que la intensidad del conflicto que se puede sostener es proporcional a los consensos sociales construidos en torno a ellos.

Reivindicar la centralidad de lo local no puede suponer caer en localismos románticos, pues conviene articular estas islas en un archipiélago interconectado. El paraguas para hacerlo nos lo ofrece la noción de derecho a la ciudad que no sería tanto una demanda legal individual, traducible al lenguaje jurídico, como un marco bajo el cual pueden agruparse y tejer complicidades las distintas luchas urbanas. Esto constituye una forma de establecer complicidades cognitivas entre movimientos sociales y lograr que las distintas demandas puedan coordinarse y vayan siendo coherentes unas con otras.

RMM: Es interesante revisar los textos de operaistas italianos como Mario Tronti y su actualización a manos de post-operaistas como Paolo Virno. El cambio en el análisis entre unos y otros se encuentra en la respuesta a la pregunta ¿dónde se produce riqueza? Ahora haré una caricatura, pero podríamos decir que los primeros respondían “en la fábrica” y los segundos responden “en el conjunto de la ciudad”. No son posiciones contrapuestas pero tampoco alineadas, aunque sí hay una cosa en la que están de acuerdo unos y otros: allí donde el capital discipline la cooperación y el trabajo para extraer plusvalías será donde emerja el escenario de lucha. De lo que se trata en cada momento es de entender cómo organiza el capital la producción de riqueza y con qué mecanismos extrae rentas de esa producción social. En la ciudad, el principal mecanismo es la financiarización. No solo por la atracción de flujos financieros para los grandes proyectos urbanísticos o por la lógica del ciclo financiero-inmobiliario, sino porque el conjunto de la ciudad se ordena como espacio en el que crear vidas productivas –incluso fuera del espacio laboral– a través de la financiarización de la vida. Vidas de consumo, crediticias, hipotecadas y precarias. Esto no significa que desaparezcan las fábricas y que no haya personas que se vean obligadas a vender su fuerza de trabajo en cadenas de producción para poder sobrevivir. Más bien quiere decir que el capital ha conseguido ampliar sus circuitos de acumulación en el territorio y que ha incrementado su capacidad para extraer plusvalías en el total de la vida urbana. ¿Significa esto que el sindicalismo obrero ahora tiene que ser sindicalismo urbano? No creo. De hecho, la organización barrial, la organización ya no en la fábrica, sino en el territorio y por la defensa del territorio no es algo nuevo. Acompañó y formó parte de los ciclos de movimientos obreros y autónomos de ciclos anteriores. Más bien, creo que hacen falta alianzas entre espacios de sindicación, sean laborales o urbanos. No veo una sustitución de un escenario de conflicto fabril por un escenario de conflicto urbano, pero sí una ampliación y una división territorial de la formas en las que el capital se despliega.

Virno decía que lo que está en juego no es la distribución de la riqueza, sino la redefinición de lo que realmente es la riqueza, una redefinición que en última instancia no es económica y que es posible justamente teniendo en cuenta cómo se ha transformado hoy la economía posfordista. Una práctica de sindicalismo social como la PAH nace cuando se detecta que el sujeto propietario endeudado forma parte de esa producción de riqueza que el capitalismo urbano absorbe. Y allí donde se organiza el capital, hace falta organización social para desmercantilizar el trabajo y la vida en su conjunto. Lo cierto es que la capacidad para organizarse de la clase capitalista está demostrando ser más sofisticada y sólida que la capacidad de las clases sociales desposeídas. Y esta realidad pesa como una losa.

NV: Desde hace un año el municipalismo se ha instalado en los nuevos ayuntamientos del cambio. ¿En qué grado están abordando los conflictos urbanos desde nuevos enfoques?

JLFC: El punto de partida diferencial es que muchas de las personas que han llegado a las instituciones de la mano de estas candidaturas municipalistas vienen de esos conflictos, son personas reconocidas por su compromiso activista y su conocimiento directo de estas situaciones. Su capital político en las instituciones es su experiencia fuera de ellas, que ahora deben combinar con explorar el margen de acción que ofrecen las herramientas institucionales, haciendo frente a todas las inercias y obstruccionismos burocráticos que en estas se dan ante los cambios.

Una vez dicho esto, conviene recordar que si entre los animales se trata de comer o ser comido en política muchas veces se trata de definir o ser definido. Y bajo mi óptica, el principal avance logrado es redefinir algunas problemáticas urbanas, aunque no con la contundencia que los movimientos sociales demandan. Ahora se reconoce que existen conflictos que antes se negaban (hambre y programas de emergencia alimentaria, pobreza energética…) o se descubre la conflictividad latente ante medidas que antes aparentaban consenso (freno a la especulación en la Operación Chamartín…). Este nuevo enfoque pondría el énfasis en recuperar la administración local como institución garante de los derechos de las mayorías sociales y su deber de cuidar a sus habitantes, como dice el slogan de Madrid ciudad de los cuidados.

RMM:
La verdad es que veo muy complicado producir políticas que incidan en la estructura de una ciudad fragmentada. En Barcelona se están desarrollando políticas a escala de ciudad que, sin duda, son muy interesantes. En el área de Urbanismo, por ejemplo, se están desarrollando planes públicos como el Pla de Barris o les Superilles que son muy interesantes. El Pla de Barris (plan de barrios) se inicia con una inversión de 150 millones de euros para 15 de los barrios con los índices de vulnerabilidad más altos de la ciudad. El objetivo es poder intervenir positivamente en déficits de equipamientos y urbanísticos, falta de actividad económica, falta de viviendas sociales, etc. El proyecto Superilles es una intervención en algunas zonas de la ciudad para redefinir el espacio público y facilitar espacios comunitarios, espacios lúdicos y de actividad social y cultural, espacios verdes, etc. Entre otros objetivos, lo que se quiere es liberar de tráfico a espacios densificados de la ciudad. Ambos proyectos tienen como objetivo poder ir diseñando un modelo urbano diferente, no centrado en los usos mercantiles del espacio, sino en sus usos sociales. Pero hay un problema. A poco que se mejore la calidad de vida de cualquier entorno urbano, eso puede producir un incremento del valor del suelo. Los procesos de gentrificación, es decir, de sustitución de residentes por segmentos sociales más pudientes debido al encarecimiento de suelo, son una amenaza continua. La falta de control democrático sobre la capa física de la ciudad hace que el suelo se revalorice. Y con las políticas públicas que se están desarrollando puedes compensar esos procesos, pero eso a su vez puede mejorar la mercancía y hacer que tenga mejores opciones de compra o alquiler en el mercado.

Este tipo de contradicciones aparecen continuamente. No es que no tenga solución, pero en parte pasa por políticas metropolitanas (que necesitan coordinación con otros gobiernos locales) y por políticas anticapitalistas. Es decir, intervenciones públicas que, más que compensar los efectos de la mercantilización, busquen desmercantilizar la ciudad. Medidas como la cesión de suelo al municipio en cada operación urbanística, fortalecer la captura de plusvalías inmobiliarias, precios máximos de venta y alquiler por intervención pública, aplicar porcentajes de vivienda pública en proyectos privados, etc. No sé si es un enfoque nuevo, pero desmercantilizar la ciudad debería ser el estribillo que una y otra vez se canta en el himno del municipalismo.

NV: ¿Se puede apreciar una nueva forma de “hacer ciudad” desde estos ayuntamientos, o aún es demasiado pronto? ¿Cuáles serían los principales avances?

JLFC: Hay un giro de volante, no un volantazo, pero toda gran institución tarda mucho tiempo en evidenciar que se está dando un cambio de rumbo. Además conviene recordar que la aritmética exige del apoyo de otros partidos que condicionan la acción de gobierno, y ese es otro factor limitante. En el caso de Madrid hay claros avances en materia de emergencia social como la paralización de desahucios, el acceso a la alimentación, acceso a la sanidad; en cuestiones relacionadas con la transparencia y el aprovechamiento del conocimiento e iniciativa de los técnicos municipales o la descentralización y la puesta en marcha de procesos participativos. Hay una interesante y conflictiva apuesta por redefinir la idea de seguridad, pasando del castigo y la prevención de delitos (que obviamente debe existir) al cuidado, bienestar y corresponsabilidad de la ciudadanía; así como por introducir en la esfera pública cuestiones ambientales con posicionamientos contundentes ante las alertas por contaminación, ayudas a la rehabilitación de viviendas, la apuesta por la recogida selectiva de la fracción orgánica o el apoyo a proyectos pilotos de agrocompostaje, ferias agroecológicas, etc. Otros aspectos destacables serían la reorientación de social de los presupuestos, la recuperación de fiestas populares y de barrio, el apoyo a la economía solidaria o la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública.

Más allá de las comprensivas lentitudes y errores, el municipalismo en este tiempo ha logrado un experimentalismo institucional muy restringido; ha sido poco audaz en la implementación de políticas más innovadoras ligadas a los movimientos sociales. Esta grieta está generando cierta “distorsión activista” en las valoraciones de la acción de gobierno, pues a mayor implicación directa en una temática concreta, mayor tendencia a fijarse únicamente en las ausencias y en lo negativo. Y esto a mí me preocupa.

RMM: Es muy pronto. Es comprensible la ansiedad de vivir cambios contundentes pero creo que hacer diagnósticos cerrados sobre lo que se ha conseguido o no en este ciclo institucional es muy precipitado. Pero, a la vez, me obsesiona un poco cómo el propio diseño institucional y la capacidad de las administraciones públicas para generar rutinas circulares puede limitar cualquier cambio. Existen tantas trabas para echar adelante cualquier proyecto nuevo que temo que la decepción diaria carcoma a quienes han entrado en las instituciones. Sin conocer la actividad diaria a fondo, pero a poco que te asomes ves cosas que funcionan como máquinas de desgaste: la necesidad de alcanzar consensos imposibles en plenos teatralizados, la centralización de las decisiones en figuras únicas y divinizadas, la parálisis que producen los servicios jurídicos con trayectorias conservadoras, la acumulación de regulaciones inútiles pero que dificultan todo trámite. Esa inercia institucional lleva adjunta una invitación al “gestionalismo” que amenaza con absorber el trabajo cotidiano del gobierno local. Montones de tareas ocupacionales llenan las agendas de los nuevos cargos políticos intentando moldear las conductas de quienes acaban de entrar en las instituciones. El cambio institucional es realmente complicado, pero es una misión imposible sin alianzas fuertes con espacios y movimientos sociales ya organizados en el territorio; espacios que no deben operar como redes clientelares, sino como prácticas autónomas con capacidad para producir cambios disruptivos sobre esas inercias.

Hay otro tema que me preocupa relacionado con cómo “hacer ciudad” de otra manera sin que la relación con la institución suponga una traba. Se trata de incluir nuevos modos de hacer a la vez que se produce un espacio institucional óptimo para que crezcan. Pongo un ejemplo. A principios del 2014, durante el gobierno de Xavier Trias en Barcelona, el entonces Gerente de Vivienda aseguraba que la forma de garantizar el derecho a la vivienda estaba en manos de la autoorganización ciudadana. Se lamentaba que, frente a la falta de competencias municipales, no existiesen más cooperativas de vivienda. Por otro lado, un técnico municipal que coordinaba un plan de cesión de espacios para la gestión ciudadana reconocía que no existían figuras jurídicas que arroparan esas prácticas. Eso ha llevado a esas prácticas comunitarias a ser reconocidas administrativamente como una privatización del espacio público. Traducido a la vida real esto significa que los propios colectivos han tenido que pagar licencias para realizar algunas actividades en estos espacios “cedidos a la ciudadanía”. Hay algo muy contradictorio aquí, incluso perverso. Por un lado, se atribuye la responsabilidad de garantizar un derecho social a movimientos cooperativistas. Por otro lado, se interpretan como prácticas privadas a movimientos urbanos que gestionan espacios para dotarlos de acceso público. En el fondo, esa actitud “buenista” del gobierno de Xavier Trias usaba las prácticas ciudadanas para eludir la garantía pública de los derechos y, en ese mismo ejercicio, poder tener controladas a esas prácticas de urbanismo alternativo.

Esto no nos dice que las cooperativas de vivienda sean una amenaza para el derecho a la vivienda o que la gestión comunitaria de espacios sea una forma precaria e irresponsable de gestionar lo público. Más bien, estos casos nos dicen que para “hacer ciudad” de otra manera tienes que contar con prácticas cooperativa y comunitarias, pero que también debes usar toda la potencia jurídica y legislativa de la administración pública para adaptarte a esa realidad, y no esperar que esa realidad social viva se adapte a la institución. Sé que es fácil decirlo y un ejercicio épico conseguirlo, pero sin nueva norma que actúe sobre los cimientos del capitalismo urbano, no hay nueva ciudad.

NV: El objetivo de la participación está hoy enraizado en el discurso político, pero parece que plasmar esa participación tropieza con algunos obstáculos. ¿Qué problemas y retos apreciáis en torno a la participación?

JLFC: La participación forma parte del ADN de estas candidaturas y es una de las líneas de trabajo que en el caso de Madrid se ha ido desarrollando desde el inicio, con dos concejalías implicadas, una más centrada en la participación digital y otra que se relaciona con las asociaciones. El cumplimiento de este compromiso con la proliferación de procesos participativos (Foros Locales, asambleas, Planes Estratégicos de las Áreas, Presupuestos Participativos…) no está exento de algunas tensiones: la inflación de espacios y el síndrome de “reunionitis”, la apertura a la participación individual, que es un acierto, y su compleja articulación con el protagonismo de los tejidos asociativos, la dificultad de integrar la participación en lo estratégico más allá de la definición de propuestas inmediatas.

Otro reto sería la dificultad para encontrar encajes normativos seductores a las iniciativas ciudadanas de corte más activista, que son innovadoras, celosas de su autonomía y que exigen un compromiso político más incómodo ante los medios de comunicación. Y por último, otro riesgo incipiente sería que el natural desarrollo de las estructuras organizativas de estos nuevos municipalismos termine acaparando, compitiendo o trate de suplantar el campo de acción de las organizaciones sociales. Es un tiempo de cambio, de necesarios reacomodos y de buscar fórmulas para sostener una conflictividad creativa, no basada en la confrontación, que ayude a avanzar a los nuevos municipalismos frente a los bloqueos con los que se encuentran.

RMM: En el espacio cooperativo al que pertenezco, La Hidra Cooperativa, estamos colaborando con el Ayuntamiento para pensar, evaluar y poner en marcha formas de participación diferentes. Y lo que hemos visto es que en Barcelona ha habido una trayectoria muy larga de políticas participativas y con fases muy diferentes. En los últimos 30 años, se han ido construyendo más de 600 mecanismos participativos. Algunos más estables, como los Consejos de Barrio o Sectoriales, y otro más puntuales, como las Audiencias Públicas. No todos esos espacios son iguales. Su utilidad depende de factores como la trayectoria organizativa de cada barrio o el nivel de riesgo que asumen los cargos de distrito. Se han hecho muchas investigaciones y evaluaciones de esta arquitectura participativa. Algunas de esas investigaciones muestran que ciertas políticas participativas han acabado incrementando las asimetrías de poder ya existentes. Otras señalan los mecanismos participativos como espacios útiles para recibir información, pero inútiles para incidir en la toma de decisiones o para ejecutar y evaluar políticas. En general, siempre se señala una tendencia al exceso de burocracia y a la inflación de órganos, haciendo que sean espacios lentos y muy limitados para tratar lo que más preocupa a quienes acuden. Se suman otras anomalías como el desgaste que suponen para las prácticas de base y la exclusión de voces críticas o de grupos sociales que no tienen recursos para participar en espacios formales. En Barcelona, esa forma de gobierno supuestamente “horizontal” ha jugado en paralelo a la centralidad de empresas público-privadas, que también ha formado parte del proceso de cambio en la governance de la ciudad.

En el nuevo gobierno, para ilustrar el cambio que se quiere hacer en la participación se habla de “coproducción de políticas” o de “corresponsabilidad con la ciudadanía”. Hay muchas formas de hacer eso. En países como Brasil ha habido procesos de corresponsabilidad que son referencia a la hora de gestionar presupuestos. En Porto Alegre, los presupuestos participativos se consideraron un instrumento privilegiado para movilizar a los más desfavorecidos e invertir las prioridades de gasto a favor de colectivos discriminados por su posición de clase, su condición de género o por su origen étnico. Esto es interesante, ya que creo que si la participación debe servir para algo es para redistribuir el poder. No para consultar a la gente sobre decisiones ya casi tomadas, sino para dar capacidad de acción a quien no tiene, capacidad de gobierno directo a quien ya esté organizado para ejercerla y para producir autonomía social. Esto generará tensiones y puede no contar con consensos amplios, pero las nuevas políticas participativas han de asumir el disenso, lejos de la utopía liberal donde todo el mundo tiene la misma voz y se llega a un acuerdo entre partes. Las promotoras inmobiliarias y la PAH no pueden acudir a un espacio participativo en “igualdad de condiciones” porque no existe tal cosa. Como apuntaba hace casi una década una editorial de la revista La veu del Carrer, «quienes están en los Consejos de Administración ya tienen sus propias formas de participación, tienen ligados sus nombres a la propiedad de los espacios de la ciudad». El caso Caixabank y su control de los servicios básicos de Barcelona habla por sí solo y refleja hasta qué punto están sobrerrepresentados los intereses de las élites y los poderes fácticos. Ahí hay una acumulación de poder brutal. O se ponen en marcha leyes, proceso, canales y mecanismos para dar poder a las voces invisibilizadas o la participación en Barcelona seguirá estando más vacía que una canción de Chayanne.

NV: Público, privado, procomún… ¿Lo común viene a zanjar las tensiones entre lo público y lo privado? ¿Qué papel les corresponde a los comunes urbanos en el diseño de un gobierno de lo local realmente emancipador?

JLFC: Más que una respuesta los comunes urbanos son una pregunta, vienen a problematizar el binomio Estado-Mercado, evidenciando que más allá de dicha dicotomía existe un tercer espacio que se estaría ensanchando. Los comunes serían la expresión de un urbanismo cooperativo intensivo en protagonismo ciudadano y en formas más democráticas de entender lo público (promoviendo la corresponsabilidad y la participación de las comunidades locales, fomentando el manejo de una pluralidad de saberes técnicos y profanos, asumiendo la diversidad de actores y la necesidad de gestionar los conflictos de intereses, entre otras cuestiones), otras formas de satisfacer necesidades (expresivas, culturales, identitarias, de participación, pero también económicas) y de gestionar espacios y recursos (huertos comunitarios, centros sociales, despensas comunitarias, viviendas, grupos de crianza, mercados sociales y otras iniciativas). Parafraseando un dicho zapatista, los comunes urbanos serían la llave para una puerta que todavía no existe. Fragmentos de ciudad desmercantilizados, que funcionan bajo lógicas de gestión colectiva y experimentan nuevas formas de institucionalidad. Iniciativas locales, fragmentarias, parciales pero que pueden resultar inspiradoras para los gobiernos municipales. El reto es apoyarlos, potenciarlos y posibilitar saltos de escala, abrirse a ensayarlos en la coproducción de políticas públicas y arriesgarse a abrir espacio al experimentalismo institucional. ¿Podemos pensar formas alternativas de gestión de empresas públicas? ¿Qué nivel de gestión ciudadana puede lograrse de equipamientos colectivos sin que dejen de ser operativos y funcionales? ¿Qué fórmulas de reconocer institucionalmente esferas públicas no estatales pueden pensarse?

RMM: Hay muchas manera de pensar “lo común”, que es un concepto diferente al de los “bienes comunes”. Si por bienes comunes entendemos los sistemas comunales de gobernanza de un recurso (sea natural, rural, urbano, cognitivo), el común sería la esencia de ese tipo de prácticas, pero también de otras que buscan producir un mundo más justo, como la conquista de derechos sociales. En un ciclo de brutal desposesión social, el común actúa como proceso de reapropiación. En su libro Común, Laval y Dardot recuerdan las palabras de la militante india Vandana Shiva durante La Guerra del Agua en Bolivia que ilustran el enfoque político de estas prácticas de reapropiación de lo común: “Si la globalización es el cercamiento final de los comunes –nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación– recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época”. Esta declaración no solo resume la tendencia a pensar lo común como un proceso de reapropiación de aquello que constituía la sustancia misma de la sociedad (la tierra, el trabajo, los saberes), sino como espacio de embate frente a las prácticas que reproducen la subordinación del Sur frente al Norte.

Respecto a los comunes urbanos y los actuales gobiernos locales, creo que de lo que se trata en primer término es de garantizar públicamente que las prácticas de gestión comunitaria que ya están en marcha en la ciudad puedan seguir existiendo y sostenerse dignamente. Dicho rápido: pasar del hecho al derecho. Hay que trabajar en asegurar que los derechos de uso comunitario sobre infraestructuras, equipamientos o el espacio público cuentan con regulaciones locales óptimas. En Nápoles ya lo han puesto en práctica, y diferentes espacios que ya estaban siendo gestionados comunitariamente en la ciudad han sido decretados públicamente como comunes urbanos. Eso quiere decir que esa comunidad no solo está legitimada socialmente, sino que pasa a ser reconocida públicamente como una forma más de hacer ciudad. No me parece un cambio menor. Que un gobierno local diga alto y claro que en la ciudad no solo existe propiedad pública y privada, sino que hay otras formas de hacer lo público que pasan por comunidades activas en los territorios, es un cambio importante. Lo que tiene que ocurrir en Barcelona es que, por ejemplo, el bloque 11 de Can Batlló que actualmente está gestionado por los vecinos y vecinas del Barrio de La Bordeta en Sants, sea reconocido públicamente como un común urbano. Es decir, que Can Batlló sea reconocida bajo una legislación pública adaptada a esa realidad como una infraestructura público-comunitaria que cumple la función que los vecinos y vecinas deciden a través de mecanismos democráticos. Esto, además, sería una forma de descentralizar el poder y dar capacidad de decisión al territorio, y de eso iba el municipalismo.

NV: Ante el empequeñecimiento del Estado en la esfera pública, muchos servicios están siendo asumidos por prácticas comunitarias. ¿Se trata de un tránsito tranquilo, o plantea dilemas? ¿Hasta qué punto los servicios ofrecidos desde la comunidad pueden acabar siendo instrumentalizados para cubrir los huecos que deja un Estado menguante?

JLFC: Lo común no viene a impugnar la totalidad de nuestros marcos institucionales, sino a arrastrarlos hacia lo social, liberándolos del secuestro del mercado y de las inercias burocráticas. No podemos cuestionar el avance civilizatorio que supone haber construido una esfera pública donde se garantice el acceso universal a derechos (educación, sanidad, servicios sociales, suministros básicos…), aunque sea de forma limitada. Lo común no debe cuestionar lo público sino apostar por reinventarlo mediante su democratización, inspirándose en prácticas autónomas que puedan resultar sugerentes. Existe un riesgo de idealizar lo comunitario, ofrecer relatos simplistas de la transformación social y terminar construyendo una pista de aterrizaje a los imaginarios neoliberales, una oda a lo no-institucionalizado donde el principio de mercado se mueve como pez en el agua, que termina siendo un sálvese quien pueda en versión comunitaria.

RMM: Este es un tema fundamental en el que hay que evitar ambigüedades. En un contexto de recortes sociales y disminución de la capacidad inversora sumado a la necesidad de dar respuesta pública a nuevas demandas sociales, las administraciones locales y, en general, “aquello público” se tienen que reinventar para componer un nuevo e incierto escenario. Es frente a esta nueva realidad que la carencia de recursos público-estatales (ya sean recursos materiales, organizacionales, creativos) conduce a encontrar otras vías a través de prácticas de “corresponsabilidad” con la ciudadanía. Pero no hay que olvidar que, paralelamente a la defensa de un sistema de bienestar de nuevo cuño (commonfare), también vuelve la demanda de un estado mínimo excluyente con perspectiva anarco-capitalista. Este diseño institucional va encaminado a reducir el brazo social de lo público y fortalecer los ámbitos de gestión privada y, también, comunitaria. Si la respuesta a esta crisis es la gestión comunitaria de recursos, esto supone una reinvención de lo público pero acentuando la necesidad de que las instituciones garanticen el acceso universal a los derechos. Insisto en que no puede haber ambigüedades en este terreno. Esos principios de accesibilidad y universalidad son los que han inspirado históricamente la defensa de lo común. De esos principios depende que la gestión comunitaria de recursos sea una vía para sostener temporalmente las quiebras estructurales de un sistema que seguirá produciendo desigualdades o una posible puerta hacia un sistema institucional público-comunitario más igualitario.

NV: Para llevar adelante estas demandas, ¿qué papel le corresponde a las nuevas instituciones, cuál a los movimientos urbanos y cuál a la ciudadanía en su conjunto (la calle)? ¿Qué relaciones se establecen entre ellos?

JLFC: Hace unos años este escenario era “política ficción”; hoy, que es una realidad deseada, se trata de asumir la “política fricción” que conlleva. Esto implica empezar a habitar contradicciones dentro y fuera de las instituciones, salir de la zona de confort y abandonar posiciones resistencialistas. Asumir que va a haber fricciones con los de arriba al tratar de aplicar los programas de regeneración democrática y de transformación social con los que fueron elegidos, lo que implicará tomar medidas contundentes y arriesgadas que necesariamente deben ser apoyadas y sostenidas socialmente. Asumir que va a haber fricciones entre instituciones y movimientos, por cuestiones de fondo y de forma, de espacios y de tiempos. Asumir que habrá fricciones entre las propias dinámicas asociativas, por como posicionarse en el día a día… y que debemos aprender a vivirlas y sobrellevarlas con el menor dramatismo posible.

Un recordatorio hacia arriba sería que esta nueva coyuntura institucional debe tener entre sus aspiraciones prolongar, relanzar y fortalecer la autonomía y capacidad de incidencia de los movimientos sociales y los tejidos sociales. Y hacia abajo, de cara a los movimientos convendría huir de la tentación de convertirse en la vanguardia de la sociedad, y recuperar parte de ese espíritu post 15M donde movimientos y ciudadanía sintonizaban, estaban en la misma longitud de onda. Huir de repliegues identitarios o autorreferenciales y aspirar a ser otra vez “sociedades en movimiento”, como diría Zibechi.

RMM: Por darle una dimensión manejable a la respuesta (¡es una pregunta que da para un libro de 8 tomos!) pienso, de nuevo, en las políticas urbanas que comentaba antes. Para ese tipo de políticas hace falta ampliar el consenso social acerca de las razones de incrementar la intervención pública en lo que se considera terreno privado. Creo que es difícil construir ese consenso si prescindes de la organización social que busca responder a esos conflictos. Puede ser minoritaria, seguramente en algunos casos está “viciada” de sus propias lógicas de contestación frontal contra las instituciones, pero no se puede renunciar a crear espacios de alianza entre movimientos e instituciones. Incluso con movimientos que no consideras totalmente afines o que no están en tu red inmediata. Creo que en Barcelona está creciendo una inercia algo turbia a la hora de pensar que “lo que quiere la gente” no es “lo que quieren los movimientos” y que “los problemas de la gente” no son los mismos que “los problemas de los movimientos”. Me parece que eso simplemente responde a la capacidad de la institución por modular los comportamientos y pensar que “como ahora gobernamos” ya no podemos “actuar como activistas sociales”. La política se hace con las herramientas que uno tiene y con los saberes y destrezas que ha acumulado; ese capital cultural y organizativo es lo más potente que tenemos. Está claro que no es nada fácil pensar la institución como espacio que no ha de gestionar el conflicto sino que ha de ayudar a organizarlo, pero si no se actúa de esa manera, haremos políticas compensatorias que ni por asomo podrán cambiar el modelo urbano. En cualquier caso, quiero creer que esta relación movimientos-instituciones cambiará. De lo contrario, será muy difícil abordar los conflictos urbanos desde nuevos enfoques. Se pueden hacer relatos, se puede incluso ganar el relato, pero si quieres cambios materiales, los movimientos urbanos han de ser tu principal laboratorio de innovación política. Las relaciones movimientos-ciudadanía-institución serán relaciones más basadas en la disidencia que en el consenso, pero es que la ciudad es un espacio con multitud de intereses diversos, y totalmente atravesada por relaciones de poder; lo del consenso democrático era un principio, incluso una ficción, pero no un dogma.

Descargar Coloquio entre Rubén Martínez Moreno y José Luis Fernández Casadevante (pdf)

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